Los gal portugueses insisten en que pensaron que trabajaban para la policía española

Varios de los cinco mercenarios portugueses juzgados en Lisboa por dos atentados de los GAL insistieron ayer en que estaban convencidos de que trabajaban para las policías secretas española y francesa. Uno de ellos, Antonio Ferreira, explicó que así se lo había contado Jean-Philippe Labade, quien contrató a los mercenarios. Labade, mientras, dijo que su única misión fue reclutar a portugueses para cobros difíciles por encargo de dos empresarios españoles llamados Ricardo y Eduardo. Estos nombres coinciden con dos identidades falsas usadas por José Amedo y Michel Domínguez, según la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los dos policías.

La imposibilidad de investigar las relaciones entre la trama portuguesa de los GAL y los servicios lusos de inteligencia militar (Dinfo) motivó ayer el aplazamiento hasta mañana del juicio que se celebra en el tribunal de Monsanto, próximo a Lisboa, contra los cinco mercenarios acusados de cometer atentados en el sur de Francia dirigidos por Amedo y Domínguez.Los cinco acusados -Mario Correia da Cunha, Jean Philippe Labade, Antonio Wolfango Pereira de Macedo, Antonio Ferreira Cisneros y Rogerio Carvalho da Silva- declararon ayer en el mismo sentido en que lo hicieron en el primer juicio. Todos rechazaron las responsabilidades que se les imputan.

Correia, ex agente de la Dinfo, afirmó textualmente: "De todo lo que pasó fui dando cuenta a mis superiores", pero negó que le ofrecieran dos millones de pesetas por cada etarra muerto, en contra de lo que dijo ante el juez cuando fue detenido: Labade afirmó sólo supo de los GAL por los medios de comunicación.

Como ocurriera en España con las pesquisas sobre la posible utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior para financiar a los GAL, las autoridades portuguesas han intentado por todos los medios evitar que se conozca la intervención de los servicios secretos militares en la guerra sucia contra ETA.

Si el primer ministro portugués, Anibal Cavaco Silva, denegó a principios de este mes su autorización para que declararan en el juicio dos ex jefes de la Dinfo -el ex comandante Pedro Manuel Almeida Serradas Duarte y el teniente coronel Fernando Silva Ramos-, los abogados de los mercenarios han reaccionado con vehemencia al hecho de que el general José Lemos Ferreira, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas portuguesas, haya entregado un testimonio por escrito sin posiblidad de formular réplicas.

Vaguedades

La declaración por escrito de Lemos Ferreira, que no se ha acogido al secreto de Estado como hicieron en 1989 -durante el primer juicio contra los mercenarios- sus colegas Serradas y Ramos, no ha aportado datos relevantes, sino una serie de vaguedades.

Los abogados defensores consideran fundamental la profundización en las relaciones de los mercenarios, en especial Correia da Cunha, con la Dinfo. Así lo pusieron de manifiesto los letrados José Sanches Ossorio, Nuno Godinho de Matos y José Gracio Ribeiro.

Sanches Ossorio planteó al tribunal la necesidad de que el general Lemos Ferreira se sometiese a un interrogatorio oral en la vista. El abogado argumentó que el testimonio por escrito de Lemos vulneraba el derecho constitucional de los acusados porque toda prueba tiene que estar sometida al principio de contradicción (que todas las partes puedan interrogar). El resto de los letrados se adhirió a la petición y la fiscal Teresa Naia Pinheiro Moreira no se opuso, por lo que el tribunal se ha concedido de plazo hasta el viernes para adoptar una resolución.