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LAS NUEVAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA

El Gobierno liberalizar á todos los movimientos de capitales en enero de 1992

CONCHA MARTÍN Un año antes de¡ compromiso frente a la Comunidad Europea, España liberalizará los movimientos de capitales y suprimirá los controles de cambios frente a todos los países del mundo. Esta medida, junto con la supresión de los aranceles para 170 grupos de productos, persiguen fomentar la competencia interna para abaratar los precios y sitúan a España entre los países de economía más abierta entre los de la CE. Así lo anunció ayer el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, en el Congreso, junto a otras medidas que flexibilizan el mercado de trabajo, liberalizan algunos servicios públicos y castigan los acuerdos sobre fijación de precios.

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El ministro de Economía y Hacienda obtuvo ayer el respaldo casi unánime (a excepción de Izquierda Unida) del Parlamento para un paquete de medidas liberalizadoras, que incluyen la libertad de movimientos de capitales y la supresión del control de cambios a partir del próximo 1 de enero, la supresión de aranceles comerciales, una nueva flexibilización del mercado del trabajo, incentivos fiscales para la exportación y mayor dureza en la política de defensa de la competencia. Solchaga anunció también la creación, el 20 de octubre, del Consejo Económico y Social y la revisión del Estatuto del Banco de España para dotarlo de mayor autonomía. Se relajará la lucha contra el déficit.-Libertad de capitales. Antes de que acabe el año, el Gobierno aprobará normas para la liberalización total de los movimientos de capitales, lo que sitúa a España en el mismo grado de apertura al exterior que en la actualidad tienen países punteros como Alemania, Gran Bretaña y Holanda. Ello significa que cualquier español (persona física) podrá abrir una cuenta corriente en cualquier banco del mundo, sin ninguna traba como hasta ahora, y que podrá igualmente, pedir préstamos al exterior. Para las empresas, se elimina el requisito de que los préstamos pedidos al exterior fueran a un plazo superior a tres años y que si éstos superaban los 1.500 millones de pesetas necesitaban de verificación administrativa previa. Este trámite administrativo que funcionaba de forma que si en un mes no había contestación quedaba autorizado- también desaparece. Los únicos mecanismos que se mantienen persiguen garantizar la información estadística y el control fiscal de los movimientos de capitales. Además, se impondrán rígidas restricciones a los movimientos físicos de billetes a través de las fronteras españolas.

-Eliminación de aranceles. Se suprimen para 1992 los aranceles de 170 grupos de productos, entre ellos, los vídeos, las máquinas herramientas y los componentes eléctricos. La importación de coches no está incluída en esta desaparición de aranceles. De las 170 partidas, 59 corresponden a las restricciones mantenidas con los países del GATT, 23 frente a Japón y 88 frente a los países de comercio de Estado. Se pretende que antes de 1993, España mantenga únicamente las restricciones comerciales comunes a todos los países de la CE.

-Flexibilidad laboral. Además de volver a intentar un acuerdo salarial con las fuerzas sociales, el Gobierno flexibilizará los sistemas de contratación y eliminará o sustituirá las actuales ordenanzas laborales. Solchaga se mostró abierto a discutir una rebaja en la duración de los contratos temporales (máximo de tres años en la actualidad), aunque abogó por el mantenimiento de esta figura por sus efectos "beneficiosos" en el empleo. Además, se luchará contra el fraude en el subsidio de desempleo obligando a aceptar las ofertas de trabajo y a asistir a los cursos de formación profesional, que se potenciarán..

-Bajada de tipos. Solchaga anunció que proseguirá la tendencia a la baja de los tipos de interés y que ésta será más pronunciada en la medida en que se reduzca la inflación.

-Banco de España autónomo. El Gobierno consultará con los grupos parlamentarios el proyecto de dotar al Banco de España de un estatuto de autonomía, como paso previo al proceso de unión monetaria europea. El banco central español gozaría de una independencia similar a la del Bundesbank.

-Subida del IVA. El ministro de Economía dio por prácticamente segura una subida de los tipos del impuesto sobre el valor añadido ya el año que viene. Esta decisión "no será demasiado dramática en lo que se refiere al aumento de la presión fiscal" y responderá al proceso de armonización con la CE. Admitió el establecimiento de un IVA superreducido pero, no de forma inmediata.

-Déficit público. El Gobierno ha abandonado "hasta dentro de unos dos años" el objetivo de déficit público cero. Para el año que viene, éste se situará "en el entorno del 2%", según Solchaga. El Gobierno no "reconsiderará los niveles de prestación social" ni elevará la presión fiscal", según el ministro.

-Deducciones fiscales. El porcentaje de deducción fiscal para las inversiones relacionadas con la exportación pasará del 15% actual al 20%. También se aplicará a la adquisición de participaciones en sociedades extranjeras y a la constitución de filiales en el exterior directamente relacionadas con la contratación de servicios turísticos. También se incrementa en quince puntos respecto de la situación actual la deducción por gastos en investigación y desarrollo (30% para intangibles, es decir, investigación y formación, y 45% para activos fijos).

-Más competencia interna. Realización de un amplio estudio por sectores para analizar en qué medida se practican acuerdos sobre precios. Entre los profesionales, se incidirá en la colegiación obligatoria y en la fijación de tarifas mínimas. Se analizará si los trámites administrativos para las instalaciones de gas, agua y electricidad, aumentan los costes y reducen la competencia. Por último, se aplicará "con todo rigor" la actual Ley de Defensa de la Competencia. Ello afectará sobre todo a los sectores de reparación y mantenimiento de viviendas, instalaciones industriales, enseñanza, hostelería y seguros.

-Monopolios públicos. El Gobierno aprobará la liberalización del sector del transporte público y de las telecomunicaciones. En este último sector, se reducirá el número de servicios finales que se prestan en régimen de monopolio.

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