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El Ejército arresta a siete militares en Guatemala por una matanza

En una decisión sin precedentes en la historia del país, el Ejército de Guatemala ha detenido a siete militares, dos de ellos de alto rango, por su presunta implicación en la matanza de 11 personas ocurrida el pasado 9 de agosto a 60 kilómetros de la capital. Entre los detenidos Figuran el comandante de la Base Militar del Pacífico, capitán de navío Rubén Girón Arriola, y el capitán de fragata Mario García.Las 11 personas, entre ellas una mujer, fueron asesinadas, y sus cuerpos, con señales de tortura y el tiro de gracia en la sien, fueron lanzados al arcén de la carretera que conduce a las playas del Pacífico. Los asesinados eran en su mayor parte chóferes de camiones o empleados de aduanas.

Los militares implicados han sido puestos a disposición de los tribunales correspondientes, "en el cumplimiento de su sagrado deber de proteger el estado de legalidad y los derechos humanos, y de combatir la impunidad que ha caracterizado al crimen en el país", según un comunicado de la oficina de prensa del Ejército.

La nota agrega que los implicados deberán responder Individualmente a los cargos en su contra, "pues actuaron al margen de la institucionalidad y con desprecio de la conducta profesional quejamás debe prestarse a la arbitrariedad y a los excesos de autoridad".

Al parecer, los oficiales pretendieron resistirse a su captura, lo que dio lugar a una movilización de tropas en torno a la Base Militar del Pacífico, una de las más importantes del país. Este movimiento hizo que surgiera el rumor de que se estaba fraguando un golpe de Estado contra el presidente Jorge Serrano.

El anuncio de la captura de estos militares abre una brecha de esperanza para una población que, en las últimas tres semanas, ha vivido la peor crisis de violencia desde el derrocamiento, en 1982, del general Fernando Romeo Lucas.

Un presidente sin control

La situación llegó a tal extremo que una delegación de parlamentarios belgas que visitó Guatemala para verificar in situ la situación de los derechos humanos expresó su preocupación "porque, evidentemente, el presidente Serrano ha perdido el control de la seguridad interna del país". "Los más recientes casos de violencia evidencian el grado de impunidad que existe en Guatemala", dijo el portavoz de la delegación, Gilbert Bossuyt.El parlamentario se refería, entre otros, al asesinato de un inspector de policía que pidió la protección de la Iglesia católica al saberse perseguido. Dicho inspector estaba precisamente investigando otra muerte, la de la socióloga Mirna Mack, que estudiaba las condiciones de vida de los desplazados por la violencia. Según la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado, el policía asesinado estaba dispuesto a testificar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación de altos jefes militares en el encubrimiento de ése y otros crímenes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de agosto de 1991