Modernización de la agricultura

En las últimas semanas ha surgido en la prensa española un interesante debate sobre la necesidad de modernizar el sector agrario en nuestro país. Al mismo tiempo, en Bruselas, una vez aprobados los precios agrarios, va a ser retomada la discusión de la reforma de la política agraria común, a partir del Informe MacSharry adoptado por la comisión a principios de año. Pueden ser útiles en esta coyuntura algunas reflexiones sobre el sentido de esa modernización que la agricultura española necesita y sobre cómo puede ser articulada en el proceso de reforma comunitaria.En relación al debate desarrollado en la prensa, hay que decir, en primer lugar, que la reducción del porcentaje de población activa agraria en la población activa total, una de las cuestiones que ha centrado la discusión, no es un buen indicador de la modernización de la agricultura. Ese indicador refleja mejor la evolución del conjunto de la economía que las transformaciones que experimenta la agricultura. Así, durante la segunda mitad de los años setenta se observó en la mayoría de los países europeos una nítida lentificación de la reducción de la población agraria como consecuencia de la crisis económica general. Esa lentificación alcanzó también a la agricultura española en los primeros años ochenta, en los que la población agraria quedó prácticamente estabilizada, para volver a reducirse rápidamente a partir de 1986, una vez reactivada la economía.

Tampoco de la comparación entre países o regiones con diferencias en su tasa de población activa agraria pueden extraerse excesivas conclusiones. Mientras que en el Reino Unido la población agraria sólo representa un 2,2% del total, en Holanda ese índice se eleva a más del doble (4,8%), sin que ello permita afirmar que la agricultura inglesa está más modernizada que la holandesa. Comparaciones similares pueden hacerse dentro de España entre, por ejemplo, la agricultura vasca (que sólo ocupa a un 4% de la población ocupada total) y la de La Rioja (que emplea a un 13%).

La reducción de la población activa agraria es una inexorable consecuencia del crecimiento económico, y depende, fundamentalmente, de las pautas y ritmos de aquél. En el curso de ese proceso la agricultura también se moderniza, es decir, introduce progreso técnico, incorporando capital que sustituye al trabajo y a la tierra, factores productivos en los que se basaba la agricultura tradicional. Pero las formas de ese progreso técnico han sido variadas, y el resultado es la formación de distintas agriculturas modernas que han retenido mayor o menor volumen de mano de obra en función de su orientación productiva y de cómo han sabido aprovechar sus respectivas ventajas comparativas. Normalmente, el proceso va acompañado del ajuste en la estructura de las explotaciones agrícolas, con disminución de su número y aumento de la dimensión de las que se mantienen en el sector, aumento que facilita la introducción de progreso técnico.

Una agricultura moderna deberá, en cualquier caso, alcanzar elevadas productividades de los factores que utiliza y producir alimentos a precios competitivos en el mercado. El retraso en la modernización de la agricultura española se refleja bien en los índices de productividad del trabajo y de la tierra, situados significativamente por debajo de las medias comunitarias. El valor añadido bruto por unidad de trabajo era en 1989 en la agricultura española de 8.100 ecus, frente a 14.400 en la CE. Por hectárea de superficie agrícola, ese valor añadido ascendía a 480 ecus en España y a 790 en la Comunidad.

Política rural

En el debate de referencia se ha introducido una matización al argumento de la reducción de la población activa agraria, afirmando que la modernización sólo exige disminuir la población activa "que se dedica exclusivamente al campo". Esa población diversificaría sus fuentes de rentas (preferentemente con ingresos procedentes del turismo u otras actividades a desarrollar en el medio rural), mantendría su residencia y, lógicamente, también una actividad agrícola a tiempo parcial, todo ello de acuerdo con las directrices de la política rural comunitaria.

Ahora bien, transformaciones de este tipo, ¿constituyen una modernización de la agricultura? Puede que los indicadores de productividad de la población agraria aumenten, al dejar de contabilizar como activos en este sector a los agricultores a tiempo parcial que siguen produciendo alimentos, pero las unidades productivas, las explotaciones agrícolas, no experimentan ninguna modernización por esa vía. Al contrarío, los agricultores que pasan a serlo a tiempo parcial no liberan su tierra, que podría servir para incrementar la dimensión de las explotaciones de agricultores profesionales, bloqueando así la evolución estructural.

Algunas propuestas de actuación en la agricultura española que siguen de cerca las líneas de la política comunitaria no conducen, pues, a una modernización de la agricultura. Cabe preguntarse, por tanto, si esa modernización, y el incremento de la productividad de las explotaciones que conlleva, constituye o no actualmente un objetivo de la política agraria comunitaria.

La modernización sí que fue un objetivo bien definido de la que podemos denominar política clásica de estructuras agrarias en la CE. El Plan Mansholt y las directrices de 1972, siguiendo el modelo de las leyes de orientación agrícola francesas de 1960 y 1962, pretendían acelerar el proceso de ajuste estructural y estimular el desarrollo de explotaciones modernas. También se incluían medidas encaminadas a reducir el coste social del proceso, como primas a la liberación de tierras y formación profesional que facilitaran el desplazamiento de los agricultores hacia otros sectores económicos.

La incidencia que esta normativa tuvo en la evolución de la estructura agraria europea es, al menos, discutible. Pero lo cierto es que la estructura de las explotaciones se ha transformado considerablemente en los países del norte y del centro de Europa, transformación atribuible tanto a esa política de estructuras como a los efectos indirectos de la política de estructuras como a los efectos indirectos de la política de precios, que siempre discrimina en contra de las pequeñas explotaciones. El tamaño medio de las explotaciones en todos esos países ha crecido a un ritmo de 2,5%-3% anual durante los últimos 25 años. Mientras, en España, esa dimensión media crecía sólo a una tasa del 1% anual, pero con importantes diferencias entre nuestras distintas agriculturas, reduciéndose incluso el tamaño de las explotaciones en algunas regiones.

A partir de mitad de los años ochenta, la política de estructuras comunitaria se ha modificado sensiblemente y el objetivo de modernización de las explotaciones ya no es tan manifiesto. El problema central de la agricultura europea ha pasado a ser el exceso de oferta existente en muchos mercados de productos. Para equilibrar los mercados se está utilizando, fundamentalmente, la política de precios, desprotegiendo a la agricultura y reduciendo el importante apoyo a las rentas vía precios hasta ahora existente. También se ha reformulado la política de estructuras. Un análisis de las declaraciones comunitarias y de la actividad legislativa a partir de 1987-1988 permite identificar tres objetivos fundamentales de la nueva política de estructuras.

En primer lugar debe contribuir a la reducción de excedentes mediante estímulos directos como los contenidos en los programas de retirada de tierras de cultivo o de extensión de la producción. En segundo lugar, la política de estructuras debe atenuar los efectos sociales derivados de la reducción del proteccionismo. Esos efectos podrían poner en cuestión el modelo de desarrollo rural europeo que ha permitido mantener una relativamente alta densidad de población en el territorio, modelo que las declaraciones oficiales de la Comunidad insisten en querer defender. El principal instrumento para alcanzar ese objetivo es una política de desarrollo integral de las zonas rurales que contempla el fomento de la pluriactividad de las familias agrícolas como fórmula de sostenimiento de sus rentas. También están previstas ayudas directas a las rentas agrarias, como las que configuran el programa PARA o las nuevas ayudas específicas por subsectores que propone el Informe MacSharry.

Por último, la protección del medio ambiente se ha convertido también en un objetivo específico de la PAC. En el documento del actual comisario de Agricultura se configura ya de forma precisa la función de "guardián de la naturaleza" atribuida al agricultor, función que sería remunerada a cambio de exigirle prácticas agrícolas no incompatibles con ese objetivo conservacionista.

Todas esas prioridades han relegado a un segundo plano el objetivo clásico de la política de estructuras, la modernización, reestructuración de las explotaciones y estímulo a la introducción de progreso técnico. Ayudas con esta finalidad siguen estando presentes en la normativa comunitaria (Reglamento 797/85 con sus modificaciones, Reglamento 1096/88 sobre cese anticipado de la actividad agraria), pero el acento sobre el tema ha dejado de aparecer en las declaraciones programáticas. Por otra parte, las ayudas directas a rentas, que parecen configurarse como la forma básica de apoyo a las explotaciones, son unas típicas ayudas "sin contrapartida", de las que no cabe esperar ninguna contribución a la modernización.

Explotaciones familiares

Es posible que las agriculturas del centro y del Norte de Europa, donde durante las últimas décadas se ha consolidado un núcleo básico de explotaciones familiares modernizadas de tamaño medio o grande, puedan abandonar la modernización como objetivo. Pero ese no es el caso de España ni, en general, de los países del sur del continente. Por tanto, a la hora de plantear la reforma de la PAC no deben ser olvidados estos desfases en el proceso de ajuste estructural y modernización.

Mientras tanto, en España el debate sobre el verdadero sentido de la modernización no está, desde luego, cerrado. Cuestiones como la función (o la disfunción) de la figura de los agricultores a tiempo parcial en cada una de las realidades agrarias y rurales deben ser aclaradas. El Real Decreto 808/87 es el principal instrumento actualmente vigente de una política como la que aquí propugnamos y se hace indispensable un balance de su aplicación. También el análisis de cómo se articula el sector productivo con la cadena agroindustrial puede aportar muchas claves del problema. Todo ello para lograr que el sector agrario pueda mantener empleada con remuneraciones dignas a una parte de la población española.