La Administración quiere recaudar más fondos por los vertidos que contaminan los ríos

La política medioambiental española va a fundamentarse, más que en la prevención, en el principio: "El que contamina paga". Vicente Albero, secretario de Estado para las Políticas de Agua y Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas, dijo ayer que el aire y el agua no han costado nunca dinero en España, pero que a partir de ahora esos recursos se van a pagar. Las industrias tendrán que abonar un canon de vertidos cuatro veces más alto que el vigente hasta ahora, cuya unidad está establecida en 500.000 pesetas.

"El Estado no va a subir el recibo del agua porque no tiene competencias en ese apartado", señaló Albero, "pero sí quiero transmitir a la sociedad que el agua en España es casi gratis". Con estas palabras, el secretario de Estado dio a entender que la subida del recibo del agua es una necesidad, y puso de manifiesto que su política se centrará en la búsqueda del equilibrio entre la calidad y la cantidad de los recursos hídricos. "El déficit en cantidad de esos recursos está entre el 4% y el 5%, pero sólo depuramos entre el 40% y el 50% de las aguas en España. La depuración de los recursos hídricos se debe hacer en la línea de la cofinanciación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque: hay que cumplir las directivas de la Comunidad Europea".Albero manifestó que las inversiones para mejorar la calidad del agua van a ser muy importantes en los próximos años. "El canon de vertidos está fijado en unas 500.000 pesetas (unidad de contaminación), pero a partir de ahora los objetivos de calidad del agua exigirán un canon más correcto". El canon es el coste de las operaciones de saneamiento dividido por los metros cúbicos de agentes contaminantes que se vierten en un cauce. "La unidad de contaminación actual es muy baja, y se está cobrando poco por falta de efectivos en la guardería fluvial y porque no se hacen suficientes obras de saneamiento. La unidad de contaminación se incrementará al menos cuatro veces, dependiendo del tipo de industria y el volumen del, vertido. Recaudamos mediante este sistema unos 2.000 millones de pesetas al año, y es poquísimo. Esa cifra es la décima parte de lo que deberíamos recaudar". Un reciente informe realizado por encargo del Instituto de Estudios de Prospectiva de la Secretaría de Estado de Economía sobre las implicaciones económicas de la protección medioambiental en la CE y sus repercusiones para España, realizado por la ingeniera industrial María Teresa Esteban Bolea, señalaba que el capítulo que mayor gasto público iba a requerir en los próximos años era la depuración de las aguas residuales.

Política peligrosa

Esta tarea se va a financiar básicamente con el cobro del canon de vertidos, faceta que recaerá en las confederaciones hidrográficas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Según ese informe, el Estado recaudará en los próximos 10 años mediante el cobro del canon unos 547.000 millones de pesetas. El informe señalaba asimismo que era peligroso recurrir a la aplicación de los cánones y, tasas de vertidos como fuente de ingresos públicos en lugar de buscar otros mecanismos para disminuir las emisiones contaminantes.En este sentido, el magistrado José Augusto de Vega Ruiz, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, declaraba recientemente (véase EL PAÍS del 14 de julio) que existe una responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones públicas al permitir los vertidos contaminantes de las industrias a cambio del cobro del canon de vertidos.

El secretario de Estado para las Políticas de Agua y Medio Ambiente afirmó también que no se puede esperar que sea la sensibilidad de los agentes económicos y sociales la que tome la iniciativa de velar por los recursos naturales, por lo que habrá que aplicar el principio "quien contamina paga", y buscar sistemas de responsabilidad directa que "interioricen los costes medioambientales" en las propias empresas. En este sentido, Albero dijo que en diciembre podría entrar en vigor una ley que obligará a las industrias a hacerse cargo de la recogida y el reciclaje de todo tipo de envases identificables. "Habrá que idear un sistema incentivador vinculado a la recuperación y el reciclaje de los productos o envases identificables, por ejemplo, los neumáticos, de forma que los productores que comercialicen esa clase de envases tendrán que instalar centros de recogida. También puede ser que el consumidor tenga que pagar un sobrecoste al adquirir determinados productos, que le sería devuelto total o parcialmente al depositar los envases en el lugar dispuesto para su tratamiento", comentó Albero.

Respecto a la reducción de los presupuestos generales prevista por el Gobierno y que afecta al MOPT, Albero explicó que en 1992 habrá algunos recortes en la política medioambiental que afectarán sobre todo al plan nacional de residuos industriales (tóxicos y peligrosos), y aseguró que en todo lo que haga referencia a la política de aguas y de residuos sólidos, urbanos no habrá reducciones. Avanzó asimismo un plan para recuperar espacios deteriorados por las obras públicas en el que se invertirán 4.000 millones anuales.