El Gobierno estudia penas más duras para los empleadores de inmigrantes ilegales

El Gobierno estudia implantar penas de hasta seis años de prisión menor para aquellos empresarios que se nieguen a regularizar la situación de los inmigrantes que trabajen para ellos, según afirmó ayer el director general de Política Interior, Fernando Puig de la Bellacasa. El Gobierno ha dirigido una comunicación al Congreso de los Diputados en la que plantea "endurecer el régimen sancionador para el tráfico ilegal de mano de obra y para la imposición a trabajadores extranjeros de condiciones ilegales abusivas". Hasta ahora esta actuación estaba penalizada con arresto mayor.Durante el último mes se han presentado en toda España 23.435 solicitudes de regularización de inmigrantes que hasta ahora se encontraban en situación ilegal, de las que el 75% se ha resuelto favorablemente. Hasta el momento se han entregado 5.480 tarjetas de permiso de trabajo y residencia.

Por comunidades autónomas, Madrid es la primera en número de solicitudescon casi un tercio del total, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. La mayor parte de los expedientes corresponden a marroquíes (55%), latinoamericanos (10%), centroafricanos (10%) y filipinos (5%). El servicio doméstico, la construcción y la agricultura son los *tres sectores productivos en los que se han presentado el mayor número de tramitaciones.

Comisión

Estos datos se hicieron públicos ayer tras la reunión de la comisión interministerial encargada del proceso de regularización de los trabajadores inmigrantes en España. De la comisión forman parte representantes de los ministerios de Asuntos Sociales, Trabajo, Interior y Asuntos Exteriores. Tanto la comisión interministerial como las organizaciones no gubernamentales han observado ya en algunos sectores empresariales ciertas reticencias a legalizar la situación de los trabajadores inmigrantes.Por otra parte, la comisión ha atendido la petición de la Delegación Diocesana de Emigración para que se admitan los expedientes de regularización de inmigrantes contra los que se habían dictado "órdenes indiscriminadas de expulsión por carecer de medios lícitos de vida". Esta medida intenta deshacer el equívoco de confundir el trabajo sin el permiso correspondiente con una actividad ilegal.

Este argumento de la Delegación Diocesána, en contra de una aplicación errónea de la ley de extranjería, ha llevado a la comisión interministerial encargada del proceso de regularización a admitir expedientes de trabajadores extranjeros hasta ahora relegados. "A estos trabajadores se les detuvo, se les aplicó una orden de expulsión por actividades ilícitas -carecer de permiso laboral-; la expulsión no se llevó a efecto, y hasta ahora, con esos antecedentes, no podían acogerse al proceso de regularización", expone Antonio Martínez, delegado diocesano.