Morillo consultó con sus superiores la concesión de las tragaperras andaluzas

Francisco Morillo, delegado de Gobernación en Sevilla acusado de presunta prevaricación y falsedad en documento público por la concesión de 367 licencias para máquinas tragaperras a una empresa relacionada con Juan Guerra, reconoció en el interrogatorio ante el juez Ángel Márquez que consultó con sus superiores antes de conceder tales autorizaciones, según reconoció ayer su abogado defensor, Manuel Portero.El juez aseguró ayer, sin embargo, que no llamará a declarar al consejero de Gobernación de la Junta andaluza en 1987 -año en que se concedieron las licencias-, el socialista Enrique Linde, aunque sí tiene previsto citar al ex director general del juego, Manuel Cortés.

Márquez, quien mantendrá el secreto del sumario sobre la concesión de las tragaperras hasta el jueves, interrogó ayer a una funcionaria de la delegación de Gobernación y a un socio del empresario Manuel Mora, propietario de Recreativos Astigi, beneficiaria de las concesiones. Ninguno de los dos testigos quiso realizar declaraciones a los periodistas, que esperaban la reunión prevista de la junta de jueces de Sevilla, que finalmente no se celebró.

El juez instructor del caso Guerra dijo estar "satisfecho" por el apoyo recibido del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Manzanares, quien rechazó las críticas del PSOE hacia el juez sevillano.

El Gobierno andaluz decidirá hoy destituir a Francisco Morillo y personarse en las diligencias abiertas por el juez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 15 de julio de 1991.

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