Ricos y pobres

UN NUEVO consenso acerca de los factores que han de impulsar el desarrollo de los países del Tercer Mundo se pone de manifiesto en el último informe del Banco Mundial, sin duda uno de los más ambiciosos en sus prescripciones. La inversión en capital humano y la liberalización de los mercados constituyen los dos pilares sobre los que se asienta el conjunto de recomendaciones a las 60 economías en desarrollo analizadas. La atención al primero de esos capítulos se ha de materializar en un mayor gasto en educación primaria, en sanidad y nutrición. La mejora del espíritu empresarial y la liberalización de los mercados, por su parte, se ha de poner de manifiesto en una menor intervención pública en la fijación de los precios y en un mayor grado de apertura de los mercados domésticos al comercio internacional. Complementariamente, los Gobiernos deberán garantizar una firme política macroeconómica, con especial atención al mantenimiento de reducidos déficit presupuestarios y al control de la inflación, con el fin de hacer posible la generación de incentivos al ahorro y a la inversión.Sin que tales recomendaciones puedan considerarse novedosas, es necesario destacar la importancia que en el informe de este año se otorga a la educación como factor de crecimiento económico a través de las mejoras de productividad de esas economías. Como se destaca en el informe, aquellos países que intensificaron su inversión en educación y eliminaron al mismo tiempo las distorsiones sobre sus economías han mantenido una tasa de crecimiento anual del 5,5% entre 1965 y 1987, significativamente superior a la de aquellos otros entre cuyas prioridades no figuraban esas dos actuaciones. En la actualidad, una cuarta parte de las economías del conjunto de los países del Tercer Mundo reúne peores condiciones que hace 30 años.

La eliminación de esas distorsiones introducidas por los Gobiernos en el funcionamiento de las economías y la consiguiente reconciliación con el mercado no ha de excluir las actuaciones públicas en las áreas de educación, salud e infraestructuras. El reconocimiento de funciones tales constituye otro punto de diferenciación de este informe respecto a otros más conservadores puestos de manifiesto en los documentos del Banco Mundial durante la pasada década. Después de todo, los programas de ajuste estructural orientados exclusivamente al mercado, vigentes durante los ochenta, no han aportado resultados apreciables en la mejora de las condiciones de vida de esos países.

En la aplicación de esa estrategia de desarrollo, dos condiciones se presentan como necesarias: la drástica reducción de los gastos militares y la colaboración de los países industrial izados. Esos países en desarrollo destinan 170 millones de dólares anuales a gastos de defensa, equivalentes a un 5% de su producto nacional bruto y a más de tres veces la ayuda que reciben de los países industrializados. La reasignación de tales recursos a las nuevas prioridades educativas y de infraestructura es una condición básica para el abandono de ese círculo vicioso de la pobreza en que están inmersos.

A ello ha de contribuir la generación de un entorno político y económico más estable, en el que las actuaciones de las naciones industrializadas son fundamentales. También la conclusión favorable de la actual ronda de negociaciones por la liberalización del comercio mundial o la definitiva solución del problema de la deuda externa de algunos de esos países. Aspectos no menos importantes, a los que, sin embargo, el informe apenas presta atención, son los referidos a la protección del medio ambiente o al crecimiento de la población de esos países, cuya dimensión estructural seguirá condicionando el modelo de crecimiento de unas economías que albergan a 4.000 millones de personas.