Solchaga justifica el recorte por el aumento de las prestaciones de desempleo y las pensiones

"Las prestaciones sociales no contributivas y la cobertura por desempleo se están disparando, y por eso quiero proponer reducir otros gastos", manifestó ayer el Bruselas el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga. El Gobierno, afirmó, ha decidido actuar en la contención del gasto público como consecuencia de que el ritmo de ejecución del presupuesto está este año "dos o tres puntos por encima" de lo registrado por estas fechas en 1990, según informa Félix Monteira.

Las restricciones presupuestarias se mantendrán durante "un par de años", en opinión del ministro, y por eso es necesario actuar en el campo de las reformas estructurales de la economía, además de en la contención de precios y salarios. "Ya no se puede hacer recaer todo sobre la política monetaria", añadió Solchaga.

El ajuste presupuestario para este año afectará, sobre todo, al capítulo de inversiones, ya que los gastos sociales son, según las prioridades del Gobierno, prácticamente intocables. Así, serán los ministerios de Obras Públicas, Defensa e Industria los principales afectados, según fuentes de la Administración.

El dato de la ejecución del Presupuesto hasta mayo muestra que, en el capítulo de inversiones, las obligaciones reconocidas han aumentado un 53,2% sobre la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el pasado año se prorrogó el Presupuesto con motivo de la anticipación de las elecciones generales, es decir, se gastó con inercia y no con planes nuevos, lo que afectó, sobre todo, a las inversiones.

El recorte presupuestario anunciado puede afectar también negativamente al proceso de concertación social que hoy se inicia. El criterio de las dos centrales es muy similar, y UGT entiende que "una política de rentas equilibrada y unos presupuestos restrictivos casan muy mal". No obstante, el dirigente Apolinar Rodríguez apunta elementos de compensación, que consisten en que los recortes no se apliquen a los gastos sociales y que paralelemente se decida un tratamiento fiscal favorable para las rentas del trabajo.

Agustín Moreno, de CC OO, señala que "unos presupuestos restrictivos no sólo condenan las negociaciones; también pueden generar tensiones sociales si se produce una caída de la inversión pública".