Evitar las sospechas

DESDE LOS voceadores de los veinte iguales-para hoy hasta las inversiones millonarias en medios de comunicación o en las finanzas, la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) ha recorrido un largo y fascinante camino. Todo empezó cuando el Gobierno socialista decidió aprobar el cuponazo como sistema monopolístico de la lotería instantánea a escala nacional. Ello permite a dicha organización facturar hasta 300.000 millones de pesetas anuales, con unos excedentes que cálculos los más pesimistas sitúan en los 30.000 millones y otros -quizá más realistas- en el doble de esa cifra.La capacidad inversora de un mecanismo de acumulación de riqueza como éste ha excitado las ambiciones de algunos de sus gestores y las de no pocos protagonistas de la política, las finanzas y los medios de comunicación, que ven en la ONCE una fuente de financiación con una liquidez verdaderamente espectacular. La presencia de los ciegos en la banca, la prensa, la televisión y la radio es algo de sobra conocido, y se alzan justificadas voces por parte de quienes la consideran una amenaza para la libre competencia empresarial o para la libertad de expresión. La cuestión no es baladí. El dinero que utiliza la ONCE, fruto de una concesión del monopolio de la lotería, que corresponde al Estado, puede considerarse de alguna manera corno dinero público, por lo que nos encontraríamos ante otra invasión de éste y su consiguiente distorsión de los principios de libre competencia. Por otra parte, el hecho de que esa ingente acumulación de recursos se haga a partir de una medida tomada por exclusivo arbitrio del Gobierno encierra el indudable peligro de que el mismo se vea tentado a pedir favores a cambio de esa concesión graciable, que el Consejo de Ministros puede eliminar en cualquier momento. Un conglomerado de intereses semejante entre el poder político y la organización benéfica -constituida gracias a aquél en el primer capitalista del país, pero sujeta a cauciones administrativas en su actividad- constituye una agresión directa a la transparencia democrática.

No ponemos en duda la legitimidad del privilegio otorgado por el Estado a un conjunto social aquejado de minusvalía tan grave como la ceguera. Es lícito tratar de resolver por esa vía los problemas económicos que la asistencia a los ciegos supone en una sociedad demasiado insensible con sus incapacitados como. es la española. Lo que sugerimos es que, toda vez que la acumulación de dinero generada por la ONCE -y sometida a un régimen fiscal peculiar- es muy superior a las necesidades objetivas de la asistencia a sus afiliados, el destino de los excedentes y su manejo deben ser sometidos a controles muy diferentes a los que ahora se practican.

En primer lugar está la aplicación de los excedentes mismos a las necesidades de otros minusválidos en España. Ningún otro grupo de incapacitados físicos o psíquicos ha obtenido un sistema de Financiación comparable, y parece justo que el Ministerio de Asuntos Sociales, de quien depende administrativamente la ONCE, vele por una distribución racional de esos excedentes con un sentido más equitativo de la justicia. En segundo lugar, habría que señalar la necesidad de que las inversiones que realice la ONCE impliquen el mínimo riesgo para sus afiliados y eviten cualquier concentración de poder en las empresas que las reciban. Se trataría, en suma, de que, como los fondos de previsión de muchos países, tengan limitado el porcentaje de inversión en las diferentes compañías y las acciones que suscriban no disfruten de derechos políticos. La existencia de acciones sin voto a cambio de una remuneración porcentualmente mayor está prevista en la Ley de Sociedades Anónimas española. Esa vía permitiría a la ONCE estar presente en los medios de comunicación, si considera que es un sector punta interesante para sus inversiones, sin el riesgo de una interferencia indirecta del poder en la independencia de esos medios. Por último, parece lógico que un montante de dinero tan considerable, fruto de la concesión de un monopolio público, esté sometido a controles parlamentarios y profesionales adecuados, y no sólo a los que ejerce, de forma tardía y confusa, la Administración del Estado. Las Cortes, y la opinión pública, deben tener conocimiento de los presupuestos y balances de esta organización, que deben ser auditados por compañías independientes. Solamente así podrán obtenerse garantías de transparencia y rigor en la gestión de esos fondos.

Si se establecen esos controles u otros similares, estamos seguros de que desaparecerán las desconfianzas y sospechas de connivencia con el poder político y oscurantismo en la gestión económica que sobre la institución benéfica se vienen cerniendo.