El Fondo Monetario respalda plenamente la política del Gobierno para frenar la inflación

Hasta que los salarios y otros costes internos se ajusten, la competitividad de las empresas españolas seguirá reduciéndose, a menos que la productividad se incremente de forma sustancial. Esta es una de las conclusiones del informe que una misión del Fondo Monetario Internacional ha elaborado sobre la economía española, y en el que respalda plenamente la política del Gobierno. El Fondo exhorta al Ejecutivo a mantener como objetivo prioritario el descenso de la inflación y alerta sobre el endeudamiento de los Gobiernos regionales.

El informe empieza reconociendo que el empleo y la inversión han crecido en España por encima de la media comunitaria, pero destaca el hecho de que la inflación se haya mantenido "persistentemente elevada". Señala cierta desaceleración en el incremento de los precios de los bienes comerciables, pero no así en los de servicios y en el sector detallista, donde propone la abolición de controles propios de épocas anteriores y de prácticas contrarias a la competencia, en las que incurren también las empresas públicas.Para el Fondo, la desaceleración de los precios requiere mantener todavía restricciones a la demanda, que ha venido experimentando un fuerte crecimiento durante los últimos años, cercano al 7%. Aunque reconoce que ello puede suponer a corto plazo frenar la creación de empleo y la igualación de los niveles de renta por cápita con respecto a la CE, considera que a largo plazo estas desventajas, desaparecen. "Mejores resultados en el terreno de la inflación", dice, "son un prerrequisito esencial" para estar mejor situados dentro de la Comunidad Europea.

El informe apoya "decididamente" el mantenimiento de la política monetaria restrictiva, pero recuerda al tiempo que, salvo mantener el compromiso sobre el tipo de cambio de la peseta, la política monetaria no puede hacer más para frenar la inflación. En este sentido, desaconseja una de las pocas medidas que quedan por adoptar: la entrada de la peseta en la banda estrecha del Sistema Monetario Europeo.

Déficit público del 2,5% al 3%

Agotadas las posibilidades de la política monetaria, el informe incide con insistencia en la adopción de una política presupuestaria más restrictiva, especialmente durante los dos próximos años. El objetivo sería eliminar el déficit público en 1993. Afirma que es difícil si se tiene en cuenta que este año se situará entre el 2,5% y el 3% del producto interior bruto, y que existen circunstancias que van a la contra. Entre ellas, el Fondo cita el recorte de ingresos que al Estado le supone el enfriamiento económico y la reforma fiscal, la necesidad de realizar inversiones públicas en infraestructuras, y la tendencia creciente de los gobiernos regionales a elevar sus déficit.

El informe se muestra ciertamente crítico con el endeudamiento local o regional, hasta el punto de proponer, como posible vía de solución, que el Gobierno central indique a los bancos que no responderá de los gobiernos locales y autonómicos en caso de que éstos incurran en dificultades financieras.

Para reducir el déficit público, el Fondo aconseja incrementar los impuestos indirectos más que los directos, pero evitando desanimar la creación de empleo, por ejemplo gravando más los salarios, o perjudicar el ahorro. Aconseja también dar un apoyo político a la proyectada reforma de la Administración tributaria y posponer o anular determinados proyectos de inversión. Contener el crecimiento del salario y el empleo en los sectores de la administración pública es otra de las propuestas.

Las empresas públicas, a juicio del Fondo, deben servir de ejemplo de moderación salarial. Deben recortar sus costes y sus salarlos, especialmente las que presentan pérdidas, de forma que el sector público "tenga un efecto de demostración en el conjunto del mercado de trabajo".

Los pactos salariales, por último, podrían apoyar la orientación restrictiva de las políticas monetaria y presupuestaria. A los acuerdos sociales se deben, según el Fondo, la caída del paro y el aumento de la inversión de la segunda mitad de los ochenta, y ahora el pacto de competitividad podría cumplir el mismo papel.

El precio del pacto

Igual que el Gobierno, el Fondo opina que el crecimiento de los salarlos reales (sin inflación) debe ser significativamente menor al crecimiento de la productividad. Y alerta también sobre otros factores referidos, fundamentalmente a la flexibilidad laboral. Opina que cesiones en este campo, como concesiones en contratos temporales o despidos, pueden echar a perder los beneficios derivados de la moderación salarial. "En algún momento de las negociaciones", dice el informe, "el Gobierno puede tener que afrontar una difícil valoración sobre si la potencial restricción de salarlos puede alcanzarse a un precio aceptable o no".

En cualquier caso, el Fondo coincide también con el ministro de Economía al afirmar que, con pacto o sin él, el Gobierno debería seguir adelante con los necesarios ajustes en política fiscal y políticas estructurales para frenar los precios.