El Gobierno "hará lo que tiene que hacer", si no hay pacto

El Ejecutivo se ha dado el verano de plazo para firmar su pacto social con sindicatos y empresarios. Si no hay acuerdo, los presupuestos serán mucho más restrictivos pues su prioritaria lucha contra la inflación no tendrá el colchón de un pacto de rentas. Con o sin pacto, aseguró Solchaga, "el Gobierno hará lo que tienen que hacer".Ese cúmulo de obligaciones se refieren a todas las medidas y refórmas para mejorar la competitividad que están pendientes desde hace años, pues el crecimiento de salarios y beneficios, con ser importante, no es el único elemento que condiciona la escasa eficiencia de la economía española.

El aumento de los precios en los sectores que no soportan la presión de la competencia internacional, la escasa flexibilidad del mercado laboral, la dificultad de reciclar a los desempleados hacia los sectores que necesitan y no encuentran mano de obra, los costes adicionales que imponen las infraestructuras de comunicación y transporte españolas, y la escasez de ahorro nacional para hacer frente a las necesidades de inversión son otros problemas que ahora el Ejecutivo ha englobado en su pacto social de progreso, y que deberán afrontarse auque no haya acuerdo con los interlocutores sociales.

Carlos Solchaga enumeró cinco sectores inflacionistas sobre los que se van a tomar medidas.

Se trata de los seguros médicos y del automóvil, la enseñanza privada, el transporte urbano e interurbano, los servicios de reforma y mantenimiento de viviendas, y la hostelería. En todos ellos se tomarán medidas, que pueden ser independientes del pacto, para reducir su impacto inflacionista.

Un tercer bloque de problemas son, según el ministro, las "reformas estructurales que mejoren el funcionamiento y la rentabilidad del trabajo y el capital". Tres son las reformas apuntadas por Solchaga en el mercado laboral.

La primera es la aplazada reforma del INEM. La idea es obligar a los desempleados a recibir cursos de reciclaje profesional después de un determinado número de meses de percibir el seguro de desempleo y no encontrar un nuevo puesto de trabajo. La segunda es la modificación de las modalidades de contratación laboral, para lo que se seguirán las líneas diseñadas por un grupo de expertos -que dirigió Julio Segura- a finales de 1990. La tercera es la derogación de las ordenanzas laborales -"de la época franquista", según Solchaga- que impiden la recolocación de los trabajadores dentro de las empresas, y que afecta principalmente a las públicas. El segundo bloque se dirigirá a incentivar la inversión y el ahorro empresarial, así como a mejorar los servicios públicos y las infraestructuras de comunicación.