La moderación del crecimiento de salarios y beneficios es la clave del plan de competitividad

El Gobierno aprobó ayer el plan de competitividad diseñado por Carlos Solchaga, lo enviará la próxima semana al Parlamento y se ha dado de plazo hasta septiembre para alcanzar el pacto "o tomar las medidas alternativas que sean necesarias". Después de año y medio de defender, sin explicarlo, la bondad de un amplio pacto social, el Ejecutivo reconoció ayer que lo más importante es la moderación de salarios y beneficios. Solchaga va a proponer a sindicatos y patronal que tanto los salarios como los beneficios distribuidos crezcan -de aquí a 1994- al mismo ritmo que la media de los países del Sistema Monetario Europeo (SME).

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, explicó ayer, tras el Consejo de Ministros, las tres piezas básicas de su "pacto social de progreso". De las tres, sólo la primera -alcanzar un acuerdo en política de rentas- exige la negociación y el acuerdo con sindicatos y patronal.

Las otras dos piezas engloban una serie de medidas contra la inflación en el sector servicios y otras tantas reformas "estructurales" que mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo, incentiven la inversión y mejoren las infraestructuras. Esta serie de medidas pueden ser y serán, según Solchaga- adoptadas por el Gobierno con o sin pacto. Carlos Solchaga recordó ayer que la preparación de la economía española para el mercado único europeo de 1993 es, para el Ejecutivo, una asignatura pendiente desde la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre de 1989. Según el ministro, "sería una gran frustración nacional que no supiéramos aprovechar esta oportunidad histórica".

Esa oportunidad consiste, según Solchaga, en "eliminar la brecha de bienestar económico y social que nos separa de la media comunitaria". La inflación es, para el Gobierno, el principal enemigo de este objetivo, por lo que su control es tin fin en sí mismo y el pacto de competitividad el método más eficiente para lograrlo. Un pacto que, además, tendría que llevar la firma conjunta de las tres partes-Gobierno, empresarios y trabajadores- y aplicarse para el conjunto del Estado.

Entre junio y septiembre, el Ejecutivo intentará convencer a sindicatos y patronal para que acepten que tanto el ritmo de crecimiento de los salarios monetarios como el de los beneficios distribuidos por las empresas debe ser igual, en 1994, a la media de los países del SME.

Cláusula de revisión

La diferencia deberá saldarse -de forma escalonada- en los próximos tres años, con dos garantías. La primera es una cláusula de revisión universal que asegure a todos los trabajadores la mejora del poder adquisitivo de sus salarios al final de cada ejercicio. Esto significa que, si la economía está creciendo, la masa salarial que reciben los trabajadores debe crecer más que la inflación; o, lo que es lo mismo, el crecimiento económico debe repartirse entre aumentos del empleo y del nivel de vida de los trabajadores ocupados.

La segunda garantía afecta a las empresas. Éstas no podrán, si se firma el pacto, distribuir mayores beneficios entre sus accionistas de lo que es habitual en Europa. Pero como el objetivo es crecer más rápido para "reducir la brecha con la Comunidad Europea", los beneficios totales deberían ser también mayores. La solución que propugna el Gobierno es que ese probable excedente se destine a reservas y se reinvierta para así acelerar el ritmo de crecimiento económico. Esta reinversión, además, estará animada por algún incentivo fiscal aún sin determinar.

Salarios y beneficios deben compartir el mismo esquema de moderación porque, en opinión del ministro de Economía, "no está España en una situación que pida una redistribución de la renta en favor de los beneficios". El objetivo, a su juicio, sólo es "converger rápidamente con los países europeos más competitivos" y, para ello, conviene ligar las mejoras de nivel de vida o de poder adquisitivo con las ganancias de productividad.

Uno de los inconvenientes del esquema propuesto por el Gobierno es que quiere tener una aplicación global para toda la economía, sin diferenciar entre los sectores más eficientes y los menos competitivos. La globalidad obedece, según Solchaga, a "que es más fácil alcanzar un acuerdo a nivel nacional", aunque añadió que el acuerdo podría después nexibilizarse en los convenios de cada sector.

Ahora sólo queda sentarse a negociar. El primer paso se dará el martes o el miércoles de la próxima semana con la entrega del texto a la Comisión Mixta Congreso Senado para las relaciones con la Comunidad Europea.

La Comisión será, según el ministro de Economía, quien defina cuándo ha de empezar la negociación tripartita. Para ese momento, Solchaga espera que los sindicatos acepten "que el Gobierno ha considerado necesario buscar un consenso con las fuerzas parlamentarias, pero que con esta actuación no intenta evitar la obligación de sentarse a negociar".