El fiscal pide 800 años de cárcel por abortos para Sáenz de Santamaría y 33 personas mas

La fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga pide un total de 800 años de cárcel para 34 personas, cuatro de ellas médicos, implicadas en 22 presuntos delitos de aborto cometidos en noviembre de 1986 en la clínica de] ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, para quien se solicitan más de 90 años de cárcel y más de 100 años de inhabilitación. El que será el mayor juicio por delitos de aborto, se celebrará probablemente el próximo mes de junio.

Para los cuatro facultativos y otras tantas enfermeras de la clínica de Sáenz de Santamaría el fiscal solicita cuatro años dos meses y un día de prisión menor por cada uno de los 22 supuestos delitos de aborto. En el sumario, que consta de 1.500 folios, hay implicadas 23 mujeres. Una de ellas está acusada de tentativa de aborto, pues se encontraba en la mesa de operaciones en el momento en que la policía irrumpió en la clínica.Por cada uno de estos delitos se solicita asimismo para los ocho miembros de la clínica, seis años de inhabilitación profesional. El fiscal ha remitido las comunicaciones previas a la celebración de la vista con las conclusiones iniciales a cada uno de los implicados, a los que se ha concedido un plazo de cinco días para que designen un abogado defensor. La vista oral podría celebrarse en el mes de junio, según han señalado fuentes de la defensa de Sáenz de Santamaría.

Los hechos se produjeron en noviembre de 1986. El ginecólogo malagueño ha acusado a la fiscalía de colaboración, por omisión, en estos delitos, por lo que en su día presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo, que aún no ha sido resuelta. Según Sáenz de Santamaría, la fiscalía conocía que en la clínica se practicaban operaciones de aborto y esperó a que estas se consumaran para iniciar las detenciones cuando su obligación era evitar el delito.

100 mujeres se autoinculparon

El caso levantó un gran revuelo en Málaga y casi un centenar de mujeres se autoinculparon en la causa. Germán Sáenz de Santamaría permaneció entonces dos meses en prisión, durante los que fue clausurada la clínica. Entre los otros procesados Figuran los también médicos Alberto Stolzemburg y Ernesto Ritwagen.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que 13 de las mujeres implicadas fueron detenidas por la policía tras intervenir los teléfonos y archivos de la clínica y ha denunciado que fueron obligadas a someterse a exploración en condiciones "bochornosas" para comprobar si habían abortado.

La petición del fiscal se produce un mes después de que Sáenz de Santamaría abandonara la prisión provincial de Málaga, donde permaneció durante 12 días acusado de un delito de desacato por las declaraciones que realizó contra los jueces, tras ser indultado por el Gobierno de una condena a seis años de cárcel por otro delito de aborto.

El ginecólogo ha anunciado que la celebración de la vista oral por estos 22 delitos supondrá un "gran escándalo político". Sáenz de Santamaría tiene aún pendiente un recurso presentado ante el Tribunal Supremo por los seis años de prisión a los que fue condenado el pasado octubre por la Audiencia Provincial de Málaga por un aborto practicado en 1989.

Hundido profesionalmente

El ginecólogo malagueño lamentó ayer la situación por la que atraviesan sus clínicas de Málaga, Córdoba y Granada después de todos estos conflictos judiciales y señaló que los jueces van a conseguir su propósito de hundirlo profesionalmente. Según Sáenz de Santamaría, son muy pocas mujeres las que se atreven a acudir a sus consultas, que se encuentran al borde de la subsistencia.

Por otra parte, la asociación judicial progresista y minoritaria Jueces para la Democracia ha desautorizado la opinión del hasta ahora portavoz Ventura Pérez Mariño, contraria al ejercicio de la acción popular en los casos de aborto (veáse EL PAÍS del 14 de mayo). Según informa el nuevo portavoz, Antonio Gil Merino, el secretariado de Jueces para la Democracia expresó su "desacuerdo con el propósito del Gobierno de proponer la supresión de la acción popular en los procesos por delito de aborto".

"La acción popular, reconocida por la Constitución", añade, "es una conquista democrática que refuerza el principio de legalidad y que permite la participación directa del pueblo en la Administración de Justicia. ( ... ) La solución a la problemática penal de la interrupción del embarazo pasa por la reforma del Código Penal basada en un sistema de plazos".