Novedades en el IVA

LA ARMONIZACIÓN fiscal constituye una condición necesaria en la convergencia de las economías europeas, destinada a garantizar la existencia de un mercado único de bienes, servicios y capitales. La reunión informal del ECOFIN (ministros de Economía de la Comunidad Europea) celebrada el pasado Fin de semana en Luxemburgo ha renovado sus intenciones de avanzar hacia la completa unión económica y monetaria de Europa, pero también ha puesto de manifiesto las importantes dificultades existentes para conseguir esa convergencia en una de las dimensiones de esa armonización fiscal: la de los impuestos indirectos y, más específicamente, el impuesto sobre el valor añadido (IVA), cuya consecución se pretende para el 1 de enero de 1993.La necesaria reducción de la dispersión de tipos impositivos no estará exenta de efectos adversos para aquellos países más alejados del promedio. La consecución de un tipo igualitario del 14%, como el propuesto por la presidencia luxemburguesa y aceptado por el ministro de Economía y Hacienda español, supondría para aquellos países en los que el actual es superior sacrificar recaudación, y para aquellos en que es inferior -caso de España, cuyo tipo medio está situado en el 12%- afrontar, probablemente, fuertes tensiones inflacionistas adicionales. En el caso de algunos productos como los automóviles y otros artículos considerados de lujo, esa tasa impositiva es hoy en nuestro país del 33%. Solchaga anunció, adelantándose a la previsible disminución recaudatoria, la compensación parcial de ingresos por este concepto con la aplicación de una nueva tasa de matriculación o circulación comprendida entre el 8% y el 10%, con lo que trataría de reparar esa pérdida de ingresos, justificada inicialmente por la exigencia de inversión en infraestructuras viales y neutralización de otros costes, por ejemplo, medioambientales, asociados a la circulación de los automóviles.

Independientemente del impacto que puedan ocasionar sobre la demanda las variaciones impositivas en determinados sectores como el ya citado del automóvil, la tendencia hacia su homogeneización será tanto más significativa cuanto más desiguales son hoy día las exigencias presupuestarias de cada uno de los países; en España, cada punto de reducción en el IVA equivale a dejar de ingresar, aproximadamente, 100.000 millones de pesetas. Las finanzas públicas de los países europeos están lejos de ser similares en la atención a las necesidades de equipamiento público, y ello se constata cuanto más visible es la tendencia en todos los países industrializados, incluidos los de la CE, a reducir la importancia de la imposición directa como generadora de ingresos públicos. De ahí que cualquier modificación en los gravámenes o, en definitiva, en la estructura y cuantía de los ingresos públicos, lejos de garantizar la convergencia de las distintas economías europeas, puede contribuir a ensanchar sus distancias.

Una vez más, la irreversibilidad de la unión económica europea pone de manifiesto la necesidad de arbitrar mecanismos de apoyo a aquellos países que han de soportar mayores esfuerzos con el fin de mantener un calendario de integración. En todo caso, no ha de ser óbice para que la Administración tributaria española trate de alcanzar niveles de eficacia similares a los de sus homólogas europeas, reduciendo ante todo esa importante bolsa de fraude fiscal de la que la correspondiente al IVA es suficientemente representativa.