El Estado podrá alegar motivo de seguridad para ocultar a los ciudadanos sus datos informáticos

El Estado podrá negar a los ciudadanos la información de que dispone sobre sus datos personales si considera que afecta a la seguridad o impide "las funciones de control y de verificación" de las administraciones públicas, según recoge el proyecto de ley orgánica sobre protección de datos informáticos elaborado por el Gobierno. El proyecto indica que la Administración podrá recoger datos contra la voluntad de los ciudadanos si así lo exije una ley ordinaria. También creará una Comisaría de Protección de Datos, cuyo titular tendrá capacidad sancionadora. El borrador no define de qué ministerio dependerá el comisario ni si le nombrará el presidente o el Consejo de Ministros. Sólo aclara que su destitución será "acordada" por el Gobierno.

La Ley Orgánica para la Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal establece que el Estado podrá recoger datos "sin el consentimiento del afectado" cuando así "venga impuesto por una norma legal o reglamentaria", cuando los datos se refieran a contratos laborales o cuando provengan de fuentes accesibles al público. En cualquier caso, el representante estatal que recabe los datos estará obligado a informar al ciudadano sobre el uso de los mismos y, a quién va dirigida la información, sí han sido facilitados de forma voluntaria u obligatoria y cuáles serán sus consecuencias, así como las medidas a adoptar si el ciudadano se niega a aportarlos.También deberá comunicar la identidad y dirección del responsable del fichero en el que figurarán esos datos y la posibilidades de ejercitar los derechos de información, rectificación y cancelación. A este respecto, la ley reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer qué datos posee el Estado sobre su vida, "sus finalidades y la identidad del responsable del fichero" de manera gratuita, y a corregirlos si son erróneos. Sin embargo, todas estas garantías quedarán anuladas "cuando la información a la persona afectada pueda afectar a la Defensa, a la Seguridad del Estado o impida el cumplimiento de las funciones de control y de verificación de las administraciones públicas".

Asimismo, la recogida de datos personales para fines policiales sin consentimiento de los afectados podrá hacerse tambien cuando sea necesario para "la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de falta o delito penal". También cuando lo requieran el ministerio fiscal, y los jueces o los tribunales.

Los datos que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, y los que hagan referencia a la salud y a la vida sexual "sólo podrán ser recabados y tratados automáticamente cuando así lo dispusiere una ley o medie consentimiento por escrito del afectado". Los relativos a la comisión de delitos, faltas, infracciones administrativas o cumplimiento de condenas "sólo podrán ser incluidos en Ficheros de las administraciones públicas competentes".

Secreto profesional

El responsable del fichero y las demás personas que intervengan "en cualquier fase" del tratamiento automatizado de datos de carácter personal estarán obligados al secreto profesional, que subsistirá aún después de finalizada su vinculación con el registro.

Todas las personas podrán oponerse a las decisiones que conlleven una valoración de los datos cuyo único fundamento sea "una definición de las características o personalidad del afectado".

Sobre la creación de la Comisaría de Protección de Datos, el borrador deja espacios en blanco cuando se refiere al ministerio del que dependerá o a quién corresponde el nombramiento del responsable. No obstante, especifica que su "separación" del cargo será "acordada por el Gobierno".

El comisario podrá contratar a su propio personal y tendrá una asignación específica con cargo a los Presupuestos Generales, ejercerá sus funciones "con plena independencia y objetividad" y su mandato será de cuatro años.

Su principal misión será velar por la protección de los datos y sancionar los incumplimientos de la ley. También asesorará sobre los derechos de los ciudadanos en esta materia y atenderá sus reclamaciones.

Este proyecto parece ser el definitivo después de numerosos borradores que nunca vieron la luz y da cumplimiento al artículo 18.4 de la Constitución, según el cual se limitará por ley el uso de la informática. para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, y el pleno ejercicio de sus derechos.