Todos tienen plan

O NO es cierto que lo de la vivienda fuera un truco publicitario o el truco era tan bueno que todos han picado. Anguita pasó del sarcasmo al anuncio de que Izquierda Unida preparaba su propio plan, alternativo pero no contradictorio, y lo mismo ha hecho Aznar tras algunos circunloquios. El CDS, por su parte, ya advirtió que el plan se lo habían copiado, luego se supone que no estará en contra. Parece existir, pues, bastante unanimidad. Tanto mejor, porque el asunto requiere el concurso de todos los partidos. Sólo uno de ellos, sin embargo, tiene acceso al BOE, y eso obliga al PSOE a afinar en las propuestas.En ello está el Gobierno, según informó Solchaga tras el último Consejo de Ministros. Pero si el plan de vivienda ha pasado a ser asunto del Ejecutivo, y no sólo compromiso electoral del PSOE, podría pensarse que, a efectos de su cumplimiento, resulta indiferente quién gane en los comicios del día 26. Sin embargo, tras el inicial desconcierto parece haberse abierto paso una doble convicción: que, contra lo que se deducía de propuestas mágicas tipo coeficientes obligatorios, no es posible comprar duros a cuatro pesetas y que es preciso actuar simultáneamente sobre todos los factores que inciden en el problema, incluido el decisivo del coste del suelo. Y ello implica la actuación coordinada de todas las administraciones, es decir, de los partidos en ellas representados.

El asunto se ha convertido ya en el eje del debate electoral, aunque es lógico que cada partido, de acuerdo con sus presupuestos -y hasta prejuicios- ideológicos, ponga el acento en tal o cual aspecto concreto del problema. Así, no es extraño que los conservadores insistan en las medidas fiscales -más y mayores deducciones- o que Izquierda Unida subraye preferentemente el déficit de viviendas sociales -subvencionadas- acumulado en el último periodo. También es lógico, en el contexto de la batalla electoral, que Aznar saque a relucir la promesa socialista, en 1982, de impulsar la construcción de 400.000 viviendas en los años sucesivos, aunque el reproche debería ir dirigido no a la promesa, sino a su eventual incumplimiento, lo cual no es evidente: en el periodo 1984-1986 se construyeron en España una media de 221.000 viviendas, de las que el 55% lo fueron de protección oficial. Fue en el periodo posterior, tras las elecciones de 1986, cuando el problema se agravó al reducir al 15% la proporción de viviendas protegidas.

Pero, al margen de esas discusiones, existe un acuerdo fundamental en cuanto al diagnóstico del problema, apoyado en los siguientes datos: en los últimos 10 años, el precio medio de las viviendas se ha multiplicado, al menos en las principales ciudades, por cinco. Los salarlos han crecido mucho menos: de una media de 65.000 pesetas al mes han pasado a algo más de 150.000 en la actualidad (o sea, un incremento del 129%). En cuanto a los créditos hipotecarios, los intereses vigentes (en torno al 15% en el periodo 1985 1990, muy por encima de los aplicados en los principales países de la CE) suponen que la financiación a 15 años de una vivienda media multiplica su precio por cuatro. De otro lado, y como consecuencia de la explosión demográfica de los años sesenta, la pirámde de población española experimenta un ensancha miento en el tramo comprendido entre los 20 y los 30 años: la edad en que suele producirse la emancipación de la tutela familiar, para lo que es preciso disponer de vivienda.

El asunto consiste, entonces, en que por causas complejas pero conocidas han coincidido en el tiempo un encarecimiento desmesurado del coste de las viviendas, un encarecimiento también desproporcionado de los créditos necesarios para adquirirlas y un incremento inusual, por razones demográficas, de la demanda potencial de viviendas de precio bajo o medio. Parece lógico esperar de los poderes públicos, cualquiera que sea su signo político, una intervención que aminore los evidentes efectos sociales de la combinación de esos factores. Si no, ¿para qué sirven los ministerios de Vivienda que, con ese u otro nombre, hay en casi todos los países?

No se puede ignorar que, cualquiera que sea la fórmula de intervención que se elija, será preciso un aumento considerable de la financiación pública -y también lo son las exenciones fiscales- con cargo a los presupuestos. En principio hay margen para ello, puesto que las ayudas públicas a la vivienda suponen en España menos del 1% del PIB, frente a porcentajes que en la Europa desarrollada oscilan entre el 1,5% de Alemania y el 3,4% del Reino Unido. La cuestión, eminentemente política, es qué partidas del presupuesto habrán de recortarse para que la prioridad otorgada a la vivienda no desboque el gasto público. Y ahí el consenso es mucho más improbable.