10 años después

El autor, ex coordinador del programa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el síndrome tóxico, destaca la ineficacia administrativa con que ha sido tratado uno de los mayores problemas sanitarios de España en este siglo.

Se cumplen ahora 10 años desde el inicio del síndrome del aceite tóxico. Uno de los mayores problemas sanitarios de nuestro país en el presente siglo y también uno de los episodios más castizos en sus implicaciones políticas, económicas, científicas y legales. La efeméride invita a reflexionar sobre ellas, con la perspectiva del tiempo transcurrido y la parsimonia que proporciona la resolución de algunas de sus principales urgencias.El 1 de mayo de 1981, seis hermanos de una familia de Torrejón de Ardoz fueron trasladados a un centro hospitalario madrileño con un cuadro respiratorio grave de causa desconocida; uno de ellos ingresó cadáver. La misma semana, tres hermanos de una familia vecina ingresaron con un proceso similar. Luego vino la avalancha de nuevos casos, diagnosticados provisionalmente como "neumonía atípica por micoplasma", sobre la base de sus manifestaciones respiratorias agudas.

Pese a las crecientes dudas de los especialistas acerca de la etiología infecciosa de la enfermedad, hasta el 5 de junio de 1981 no se produce un cambio sustantivo. Para ello fue decisiva la comunicación de una encuesta alimenticia que identificó como uno de los rasgos más frecuentes entre los diagnosticados de neumonía atípica el consumo familiar de aceite a granel, cuyo análisis reveló la existencia de derivados de anilina. Como consecuencia de estos hallazgos, las autoridades sanitarias hacen suya la hipótesis epidemiológica del aceite adulterado y alertan a la población de los riesgos del consumo del aceite a granel. Un mercado clandestino, aunque tolerado, de grandes dimensiones y favorecido por una falta de regulación de la industria aceitera.

Para entonces eran ya más de 8.000 los casos hospitalizados, y las muertes atribuidas a la enfermedad ascendían a 50. Al final, la epidemia se saldó con cerca de 30.000 afectados, no menos de 2.000 incapacitaciones y minusvalías permanentes y más de 500 fallecimientos. Frente al dramatismo de aquella situación, las comparecencias televisadas del ministro, esforzándose por tranquilizar a la audiencia con aquella alegoría del bichito que se rompe sólo de mirarlo, quedarán para siempre como paradigma de torpeza política. Buen partido se supo sacar a esa imagen desafortunada desde las filas de la oposición, que habría de culminar con una reprobación ministerial múltiple, principio del fin de la UCD.

Todavía hoy produce vértigo el recuerdo de aquellos meses turbulentos, en los que todo el mundo se sentía autorizado a utilizar la tragedia colectiva para sus desafueros epidemiológicos o sus objetivos políticos. Los pájaros, las cebolletas, los pimientos y los tomates, la radiactividad, los pesticidas y las armas químicas, multiplicadas por algunos medios de comunicación proclives al tremendismo, son ya anécdota, aunque en su día crearon un ambiente de inquietud y escepticismo del que supo sacar partido la defensa de los procesados en el sumario de la colza.

Ayuda exterior

Sin embargo, justo es reconocer, desde las insuficiencias crónicas de nuestro sistema público de salud, que la respuesta de las autoridades sanitarias fue eficaz y proporcionada a la magnitud del problema, tanto en la movilización de recursos hospitalarios como en el respaldo profesional que supo incorporar con la comisión clínica y la ayuda externa del centro de Atlanta. Gracias a aquéllos, y a la abnegación del personal hospitalario, se pudo proporcionar una asistencia médica satisfactoria a los miles de afectados sin colapsar el sistema. Por su parte, la comisión clínica supo coordinar una investigación a la altura de la complejidad de una enfermedad multisistémica, cuya descripción en revistas internacionales constituye un punto de referencia de otras patologías, como el caso notorio de la epidemia de mialgia con eosinofilia por ingestión de tabletas de triptófano, recientemente descrita en Estados Unidos.

Finalmente, la asistencia de los epidemiólogos de Atlanta fue decisiva para encarrilar la investigación epidemiológica hasta un nivel internacionalmente encomiable y decisivo a la hora de la peritación forénsica en el sumario de la colza. Para quienes seguimos desde un principio las desventuras tóxico-epidemiológicas de esta enfermedad fue un alivio inmenso escuchar de sir Richard Doll, principal perito en aquel juicio, que la asociación estadística del síndrome tóxico con el aceite desnaturalizado con anilinas es tan alta que es prácticamente imposible que se haya confundido este tipo de aceite con cualquier otro hipotético agente patógeno. Por ello, aunque es poco probable que la investigación toxicológica depare alguna novedad, la enfermedad queda ya registrada en los anales de la historia médica como el síndrome del aceite tóxico.

En el otro frente, tras una sentencia poco satisfactoria, por la benevolencia con que fueron tratados los inculpados, los afectados siguen reclamando al Estado las indemnizaciones que no pudieron obtener de los insolventes responsables legales de su desgracia. Habiendo aparcado el sumario que debía dirimir la responsabilidad de los altos cargos de la Administración, aparentemente por inhibición del ministerio fiscal, sólo cabe esperar una acción graciable del Gobierno, que no debe hacerse esperar más.

Aquí, como en el caso de la presa de Tous, se pone de manifiesto la necesidad de regular desde las administraciones públicas los riesgos tecnológicos, incluyendo mecanismos que garanticen una recompensa rápida y justa de sus víctimas. La intervención de la justicia en estos casos se muestra ineficaz por la amplia gama de recursos legales para retrasar la ejecución de sentencias, la posible insolvencia económica de los culpables y los gastos inherentes a este tipo de litigaciones, que conduce a que buena parte de las indemnizaciones se destinen al pago de honorarios profesionales. Como señalaba Antonio Doñate (en estas páginas en 1989), la crisis de credibilidad del sistema judicial necesita aliviar la judicalización de la cosa pública, que remite a los jueces la patata caliente de problemas. que debieran tener solución política o administrativa.

es biólogo.