El paso previo

LOS "ACUERDOS para alcanzar acuerdos" concluidos el domingo pasado en México ante el mediador de la ONU entre el Gobierno de El Salvador y los representantes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) abren una puerta a la esperanza. En efecto, es muy probable que gracias a ellos acabe la guerra civil que desgarra el país desde hace 11 años. No se ha pactado oficialmente un alto el fuego, porque el FMLN esperaba que el Parlamento salvadoreño, en señal de buena voluntad, aprobara un paquete de reformas constitucionales que acordó en México con la guerrilla. El pasado martes, la Cámara salvadoreña aprobó varias reformas de la Constitución que fueron calificadas de "insuficientes" por la guerrilla. Las críticas más severas se dirigieron a la creación y composición del Tribunal Supremo Electoral, en el que Convergencia Democrática -coalición de la izquierda- ha quedado marginada. Las discrepancias ponen en peligro, una vez más, el proceso de normalización política.Las exigencias, consideradas como absolutamente cruciales por el FMLN, lo eran sobre el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil, así como la policía nacional, la policía fiscal y la guardia nacional al mismo control, sustrayéndolas de la esfera del Ejército; la abolición de las "fuerzas paramilitares de defensa civil" -un eufemismo utilizado en vez de escuadrones de la muerte-, y la designación por mayoría parlamentaria de los componentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Electoral. Es precisamente en el último punto donde el FMLN considera que se ha privilegiado al partido de la extrema derecha, Arena, ganador en los últimos comicios.

En el fondo, se trata de que el presidente Cristiani introduzca sustanciales alteraciones en el equilibrio de fuerzas que ha beneficiado al Ejército desde que la actual Constitución fuera aprobada, en 1983. Sin pensar que la guerrilla sea la encarnación de la inocencia, sería perfectamente lícito concluir de los acuerdos firmados en México que, cada vez que se busca a un responsable de los horrores de la pasada década, el dedo apunta firmemente a la institución armada.

Las negociaciones para la paz en El Salvador tienen una historia de altibajos continuos y de rebrotes alternativos de violencia que hacen difícil afirmar categóricamente que el país centroamericano se ha embarcado finalmente en el camino de la reconciliación. Sin embargo, debe entenderse como positivo el compromiso de celebrar una nueva ronda de negociaciones, acaso en España, antes de que termine mayo para, confirmados los cambios constitucionales, acordar el alto el fuego definitivo.

En la ronda anterior (que tuvo lugar también en México durante el pasado mes de febrero) se habían empezado a abordar todos los problemas. Sin embargo, el hecho de que, coincidentemente con las negociaciones, prosiguieran los enfrentamientos armados en El Salvador había impulsado al general Powell, jefe del Estado Mayor estadounidense, a advertir que, de fracasar las conversaciones, EE UU podría considerar una intervención militar en el país. Una amenaza que seguramente ha surtido algún efecto positivo en la voluntad. de los negociadores, sobre todo considerando que Washington -tras suspender toda ayuda al Gobierno de Cristiani por su ineficacia en la defensa de los derechos humanos- decidió reanudar los suministros militares al Ejecutivo salvadoreño.

La gran asignatura pendiente es, sin duda, la de los derechos humanos. En México, Gobierno salvadoreño y FMLN decidieron aceptar la creación de una Comisión de la Verdad que, integrada por tres personas designadas por el secretario general de la ONU, debe investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país desde 1980. Destaca con trágica luz propia la matanza de seis jesuitas y dos mujeres de servicio (cinco de ellos españoles y tres salvadoreños) perpetrada por el Ejército en la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989, tema en el que la justicia arrastra desde entonces los pies.