El PP propone emplear el dinero negro que aflore con la regularización a financiar viviendas sociales

P. M. El Partido Popular solicitó ayer que los fondos que afloren con la regularización fiscal se destinen a la financiación de viviencias sociales. El PP realizó esta propuesta durante la presentación de sus enmiendas a ambos proyectos de ley en el Senado. Los populares, que mantendrán su veto a las dos leyes, han propuesto una batería de enmiendas que mejorarían el trato fiscal de aspectos como plusvalías y minusvalías, rentas en especie, fundaciones o inversión inmobiliaria. Entre estas enmiendas destaca que el 15% de los gastos en educación de los hijos sea deducible en el IRPF.

El Partido Popular presentó ayer en la Cámara Alta sus dos proposiciones de veto a los proyectos de ley del IRPF y del impuesto sobre el Patrimonio, así como 138 enmiendas parciales al proyecto de renta y otras 38 al de patrimonio.

Entre las enmiendas del Grupo Popular destaca la petición al Gobierno para que destine los fondos que recaude con la regularización fiscal a financiar viviendas sociales. Esta petición es muy similar a la solicitud de los constructores que, el pasado día 8, pidieron un nuevo refugio del dinero negro al Gobierno durante la inauguración de Construmat (ver EL PAÍS del 9 Abril).

La propuesta del PP se dirige a "la ausencia total de una política de vivienda", Para paliar tal situación solicitan que "el Gobierno estudie la creación de cédulas hipotecarias para la financiación de vivienda social". Estas cédulas contarían con un trato fiscal especial pues el PP propone asimismo que gozen de una deducción del 15% de las cantidades invertidas.

La similitud con la propuesta de los constructores proviene de que estos últimos también han solicitado la creación de unas cédulas vivienda con un interés entre el 10% y el 11% .

Fuentes del Grupo Socialista calificaron ayer las propuestas del PP como "enmiendas de campanario, que suenan en la campaña electoral para que las oigan los ciudadanos". El problema, según el PSOE, es que si el PP quiere solucionar el problema de la vivienda social con los fondos que afloren con la regularización fiscal "piden esperar hasta 1997 que se amortizarán los títulos de deuda pública especial y, para entonces, el partido socialista ya habrá solucionado el problema de la vivienda social".

La solicitud del principal partido de la oposición ce que los fondos que afloren con la regularización financien viviendas sociales estuvo ayer acompañada de la crítica a la capacidad del sistema propuesto para animar a al afloración del dinero negro.

'Aterrorizados fiscales'

El senador del PP, José Miguel Ortí Bordás, aseguró que "la regularización sólo puede tener éxito con los aterrorizados fiscales", pues, a su juicio, tanto el tipo de interés como el plazo de amortización del nuevo activo de deuda pública especial desincentivarán la afloración.

Con todo, el PP matizó que "no obstaculizarán la regularización fiscal", pero sí solicitarán el control parlamentario d los fondos que afloren. Er, con creto, el PP pedirá que el Go bierno informe trimestralmente de la cantidad total de dinero negro que se ha acogido a cual quiera de las dos vías de regula rización propuestas: las decla raciones complementarlas y el canje por deuda pública especial.

El Partido Popular, además de solicitar el impulso del sector inmobiliario -que ha frenado su ritmo de crecimiento tras una fuerte expansión a la que colaboró la inversión del dinero negro-, pidió ayer la exención total de tributación a las pensiones de jubilación y la inclusión de una deducción del 15% de los gastos en educación.

Fuentes del PSOE replicaron ayer a estas propuestas al asegurar que el proyecto de ley del IRPF ya inctroduce la exención para las pensiones de menos de los 1,2 millones de pesetas. Un trato similar para los pensionistas con mayor renta implicaría, según estas fuentes, una discriminación en contra de los trabajadores en activo con rentas bajas. Respecto a la propuesta de deducir un 15% de los gastos en educación, el PSOE considera que "la enseñanza obligatoria es gratuita y los gastos en educación son una cuestión de gasto público no de política fiscal".

El Partido Popular, por otra parte, mostró su rechazo a la ya habitual estrategia del PSOE de utilizar cualquier ley para legislar sobre otros aspectos. A juicio de los populares, el PSOE "ha confundido la reforma fiscal con sus leyes de presupuestos y aprovecha las disposiciones adicionales para regular de todo por la puerta de atrás". En esas disposiciones se modifica, por ejemplo, la Ley de Haciendas Locales y la Agencia Tributaría.

Las críticas del Grupo Popular se dirigen tarríbién al sistema de elaboración de la ley. "Parece una novela por entregas y todo lo que se hace a base de retoques incurre en incoherencias y errores técnicos", añadió el senador José Miguel Ortí Bordás.