Manga ancha

TRAS LAS reacciones suscitadas por las revelaciones sobre venta de armas, o sus componentes, y tecnologías de doble uso a Irak, la Comunidad Europea ha instado a los países miembros a dotarse de una legislación homogénea sobre todo lo relativo a ese comercio. En España, el tráfico ilegal de armas ni siquiera está tipificado como delito específico. Para colmar esa laguna jurídica, el Gobierno ha expresado su intención de consensuar con la oposición un marco legal homologable con los existentes en los principales países de la Comunidad. Ello podría hacerse bien mediante una reforma del Código Penal, bien por la aprobación de una nueva ley.Casos como el de Alemania, suministrador privilegiado de Sadam Husein pese a la existencia de una legislación muy restrictiva, demuestran que sin mecanismos efectivos de control de poco sirven las leyes. A su vez, la manga ancha de los Gobiernos, que suelen contar en esto con una amplia comprensión de la opinión pública, es consecuencia de la contradicción existente entre la libertad absoluta de fabricación de armamento y la pretensión de limitar su venta. Una contradicción de no fácil solución. En España, por ejemplo, el sector da trabajo, incluyendo la industria auxiliar, a 100.000 personas. Para que ese sector, en el que se integran empresas públicas y compañías privadas, se mantenga es preciso que venda aquello que fabrica. Y como es evidente que las Fuerzas Armadas españolas por sí solas no podrían absorber los morteros, cañones o helicópteros producidos cada año por esas empresas, el excedente ha de ser exportado. Exportado, naturalmente, a los países dispuestos a comprarlo y pagarlo, que suelen coincidir con aquellos que están en guerra o al menos en una zona caliente.

Una solución alternativa sería cerrar las fábricas. Una de las más importantes, Esperanza y Compañía, que durante la década pasada se especializó en la venta de morteros a los países del golfo Pérsico, acaba de declararse en suspensión de pagos. Esa posibilidad de suprimir o reducir la industria de armamento podría tal vez ser considerada, pero es seguro que habría de enfrentarse a la natural oposición de los trabajadores afectados (y de sus sindicatos). Además, tal medida sería contradictoria con la aspiración de reducir la dependencia -tecnológica y política- respecto a la industria bélica norteamericana. Objetivo que, sin embargo, suele asociarse a las consignas contrarias a la tolerancia gubernamental en la materia.

Pero, de otro lado, la experiencia de la guerra reciente muestra los efectos desastrosos de la falta de control del negocio de las armas. De ahí que la mayoría de los Gobiernos democráticos marque limitaciones a ese comercio, decretando el embargo para ciertos Compradores potenciales. Pero hace años que los vendedores han aprendido a burlar tales limitaciones mediante el truco de triangular las operaciones: la mercancía es consignada a un país intermedio, de donde es expedida al verdadero destino.

En España no se cuenta con otro mecanismo de control que el meramente administrativo derivado de la existencia de un registro de empresas dedicadas; a ese comercio. La única posibilidad de sanción, independientemente de la gravedad de la infracción cometida, consiste en excluir del registro a la empresa sancionada, lo que en teoría supone condenarla al cierre. En teoría, porque también se ha inventado el truco para contrarrestar ese riesgo: la creación de sociedades instrumentales que desaparecen tras cada operación de exportación.

Hay, por tanto, motivos más que suficientes para intentar poner orden en el asunto, comenzando por llenar las evidentes lagunas legales. Pero de poco servirá tal iniciativa mientras no exista un amplio consenso social sobre la necesidad de eficaces mecanismos de control. Consenso que implica, a su vez, un debate nacional, con participación de todos los sectores interesados, sobre la política de defensa, incluyendo la industria bélica. Porque lo que no resulta aceptable es el mantenimiento de una política consistente simplemente en hacer la vista gorda.