La CE impondrá la depuración obligatoria de las aguas de las ciudades antes del 2005

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la CE aprobó ayer en Bruselas una directiva que impondrá límites reducidos a la emisión de gases tóxicos de camiones y autobuses. La nueva medida, que comenzará a aplicarse gradualmente desde el 1 de julio de 1992, exigirá una norma comunitaria que obligue a poner en el mercado un gasóleo con menos contenido de azufre. La directiva que obligará a depurar las aguas residuales de todas las ciudades de más de 2.000 habitantes antes del 2005 estaba condicionada, al cierre de esta edición, al acuerdo sobre ciertas cuestiones técnicas.

El camión limpio comenzará a regir en la CE a partir del 1 de julio de 1992 para los nuevos modelos que diseñen los fabricantes, aunque la medida se impondrá de hecho, para las nuevas matriculaciones, a partir del 1 de octubre de 1993. Las normas que limitarán los topes de emisión de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y residuos de hidrocarburos serán sólo un primer paso. El control será mas riguroso en una segunda fase (a partir de octubre de 1995 para los nuevos modelos y de octubre de 1996 para los vehículos de serie matriculados), que supondrá la equiparación de la norma comunitaria a la norteamericana, la más rigurosa.Los camiones actualmente en circulación no se verán afectados. La nueva directiva tendrá un coste económico evidente, para lo cual se permitirá que cada Estado incentive fiscalmente la compra de camiones nuevos, furgonetas o autobuses.

Como resultado de esta directiva, los ministros de Medio Ambiente llegaron al compromiso de que es urgente la aprobación de una norma comunitaria que imponga la distribución de gasóleo con contenidos más bajos de azufre. Esta nueva disposición tendrá una incidencia en costes en el sector de refino.

Más de 10.000 habitantes

La importancia de las inversiones a acometer por los Doce es de mucha más envergadura en lo que respecta al proyecto de directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales de las ciudades y de las industrias sensibles, como las de lácteos, conservas vegetales y de pescado, bebidas, producción de alcohol, mataderos, etcétera. Sobre esta reforma básica para el medio ambiente urbano los Doce tienen ya un acuerdo de principio, pero, al cierre de esta edición, continuaban enfrascados en ciertos detalles técnicos.

El objetivo es que antes del año 2005 todas las ciudades o aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes dispongan de sistema de alcantarillado y tratamiento secundario de depuración de las aguas residuales antes de ser vertidas al medio ambiente. Para las poblaciones de más de 10.000 habitantes, si están situadas en zonas sensibles, el plazo máximo de adaptación es finales de 1998. La prioridad o sensibilidad viene definida por el hecho de que los vertidos se efectúen en aguas dulces (lagos o estuarios) de escasa renovación. La normativa impondrá límites máximos de materia biodegradable y de aportación a ríos y mares de fosfatos y nitratos.

Los problemas más difíciles estriban en la definición de zona más sensible. Portugal reclama además una excepción para la zona de Lisboa y sus alrededores turísticos (Estoril, incluido), para los que pide que sigan siendo válidos los actuales emisarios: simples tubos que llevan los vertidos directamente al Atlántico. Bruselas es la otra capital europea cuyas aguas residuales no reciben ningún tipo de tratamiento.

El nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, asistió por primera vez al Consejo en su calidad de responsable de la política del Medio Ambiente. Borrell afirmó que había recibido el encargo de Felipe González de evaluar la importancia orgánica que adquirirá en el futuro la actual Secretaría General de Medio Ambiente.

Según Borrell, la carencia de un ministerio específico continuará en el futuro, porque "el concepto de obra pública hay que entenderlo integralmente como el conjunto de todas las actuaciones públicas sobre el medio físico, sobre todo desde la perspectiva socialista, puesto que el medio ambiente constituye un capital colectivo".

El debate de reflexión sobre el nuevo instrumento financiero de la CE sobre el medio ambiente (Life) y el proyecto de defensa de los habitat naturales en toda la CE -el objetivo es destinar un 15% del territorio nacional a reservas nacionales- sirvió para que el ministro Borrell puntualizara la posición política de España. Nuestro país es partidario de impulsar la protección ecológica, pero hace falta disponer de medios suficientes y de la solidaridad de los Doce.