Las consecuencias del envejecimiento demográfico

Una de las principales cuestiones con la que tendrá que enfrentarse la Seguridad Social en la década de los noventa, que es también la más conocida por la opinión pública por el mayor eco que ha encontrado en los medios de comunicación, es el fenómeno del envejecimiento demográfico, problema que afecta a todos los países desarrollados. Hoy en día no se producen suficientes nacimientos como para asegurar el reemplazo de generaciones, por lo que la población tiende a disminuir a largo plazo, y, por otra parte, ha aumentado la esperanza de vida al nacer. Es decir, vamos hacia una situación en la que la población joven será menor, en términos relativos, mientras que la población mayor crecerá y además vivirá durante mas años.Esta situación contemplada desde el punto de vista de la Seguridad Social tendrá una repercusión en los gastos sociales puesto que determinará un aumento del número de pensiones y además éstas se disfrutarán durante más años, aumentará también la demanda de cuidados sanitarios que siempre es mas intensa en la última etapa de la vida, especialmente los cuidados geriátricos y de larga duración para la cada día más numerosa cuarta edad (mayores de 80 años), y finalmente se requerirá un mayor desarrollo de los servicios sociales especialmente dedicados a la población mayor.

Este es el problema presentado de una manera teórica, aunque ya en muchos países ha comenzado a ser una realidad. Pero ¿cuál es su situación en España? En nuestro país, es cierto que las causas que provocan el envejecimiento han hecho ya su aparición: la tasa neta de reproducción ha caído en los últimos años hasta 1,38 hijos por mujer -aunque ésta sea una circunstancia mitigada por el hecho de que tenemos una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de la CE (0,94%)-, y a su vez ha aumentado la esperanza de vida al nacer que se sitúa en los tramos altos de los países de nuestro entorno (casi 75 años para los hombres y 80 para las mujeres). Esta situación de menor tasa de natalidad y mayor longevidad están configurando nuestra estructura poblacional hacia un fuerte componente de las personas que no están en activo. Sin embargo, la situación descrita desde la vertiente de la Seguridad Social debe ser matizada, en mi opinión, por una serie de factores que hay que tener en cuenta.

En España, el fenómeno del envejecimiento se plantea con un retraso de 10 años con respecto al resto de los países europeos y este retraso supone, de un lado, que sus efectos se observen más tardíamente, y, de otro, que dispongamos de la posibilidad de aprovechar otras experiencias.

Por otra parte, en España las estimaciones demográficas prevén que la población activa se va a mantener estable aún durante bastantes años, hasta el 2020, e incluso experimentará un ligero crecimiento, y ello sin considerar incorporaciones, externas a los propios nacionales, al grupo de población activa, aspecto éste que, desde la perspectiva exclusiva de los sistemas contributivos de Seguridad Social, se puede traducir en una posibilidad de mejora automática de la relación entre la población afiliada cotizante y la pensionista, siempre que el sistema económico tenga capacidad de absorber esta incorporación de mano de obra.

Aumento de pensiones

Por último, hay que considerar que en España la experiencia en estos últimos años -en los que hemos experimentado un notable aumento del número de pensiones y de sus cuantías, fruto esencialmente de decisiones de política social-, nos señala que dicha evolución puede realizarse en un marco de estabilidad financiera si esta política se encuadra dentro de una gestión rigurosa de la Seguridad Social.En definitiva, aunque el problema no debe ignorarse, especialmente de cara al futuro, hay que situar las cosas en sus justos términos, es decir, hay que desechar posturas alarmistas, considerando en su día aquellas acciones que sean necesarias, teniendo en cuenta, de un lado, que cada vez se demanda con mayor intensidad por la población mayor su derecho a permanecer voluntariamente más tiempo en la vida activa, en coherencia con la tendencia en los sistemas de Seguridad Social de los países occidentales de prolongar la situación de activo de los trabajadores, lo que producirá un efecto positivo en dichos sistemas. Y, de otro, que partimos de una situación positiva que se manifiesta, por el equilibrio económico-financiero alcanzado y sostenido en estos últimos años en el sistema de Seguridad Social, y por la total correlación de su evolución con la del sistema económico, por lo que será un factor decisivo el mantenimiento de una tasa de crecimiento -económico -que permita el aumento de la población ocupada. Por otra parte, es necesarios prever que en el futuro, ante una población más envejecida, será necesario recomponer democráticamente las preferencias de la sociedad sobre el gasto público, lo que sin duda conllevará un incremento de recursos hacia los programas sociales que se ocupen de las condiciones de vida de las personas mayores.

El segundo reto a que tendrá que enfrentarse la Seguridad Social es el que viene marcado por las transformaciones del mercado de trabajo. Estamos inmersos en una etapa de paro estructural en el que el desempleo convive con el crecimiento económico y con el propio crecimiento del empleo que se produce especialmente en el sector servicios. Tenemos un mercado fuertemente especializado, lo que determina que, paradójicamente, la demanda de empleo en ese sector de servicios no llegue a cubrirse por falta de especialización y, sin embargo, haya una saturación en la oferta de mano de obra de baja cualificación. Tenemos un mercado de trabajo que adolece de escasa movilidad geográfica y funcional, lo que dificulta enormemente las posibilidades de fomentar la colocación y, finalmente, tenemos un mercado en el que en toda Europa se imponen formas atípicas de contratación, todo lo cual puede dificultar la integración de un conjunto de trabajadores en el sistema contributivo de la Seguridad Social.

¿Qué papel puede jugar la Seguridad Social en esta situación? Evidentemente, debe facilitar, en su ámbito de actuación, el que las formas de trabajo atípico encuentren una protección en la Seguridad Social, y debe ser beligerante en la eliminación de las situaciones de marginación promoviendo el acceso a sus sistemas protectores en aras de una mayor vertebración social, y todo ello, evitando que los costes que no son de la Seguridad Social se deriven haci,a la misma y amenacen su equilibrio económico.

El tercero de los retos está referido a las transformaciones socio-familiares que han empezado a producirse en estas últimas décadas. Desde hace algunos años estamos asistiendo a un profundo proceso de transformación social que está conduciendo a grandes cambios en la institución familiar.

El aumento de los divorcios, de las separaciones y, por tanto, de las familias monoparentales, la aparición de las uniones libres, de las familias recompuestas y el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, son circunstancias que han transformado profundamente el panorama social y que, desde el punto de vista de la Seguridad Social, obligan a un replanteamiento de las políticas de protección para dar cobertura a estas nuevas situaciones, con acciones de apoyo a la familia, diversificando las formas de protección, eliminando discriminaciones por razón de sexo.

Por último, en este panorama de transformaciones, se aborda la década de los noventa con la gran responsabilidad de construir un "Espacio Social Europeo" que acompañe y complemente al espacio económico que representa el Mercado Único.

Uno de los objetivos de la CE, quizá el objetivo por excelencia, es lograr el desarrollo y el progreso social de los países que la integran y de sus ciudadanos. Y en esta empresa no sólo tiene cabida la política de integración económica, sino también y fundamentalmente la política de acercamiento social; es más, existe una interrelación tan estrecha entre las dos políticas, que la una sin la otra no podrían conseguir esa gran meta de aumentar el bienestar social europeo.

Y en este intento, el Mercado Único necesita a la Seguridad Social, porque sólo posibilitando la eliminación de las trabas que desde el punto de vista social dificultan la movilidad del trabajador podrá crearse ese gran Mercado y porque la Seguridad Social será uno de los instrumentos fundamentales para articular un espacio social que proteja a los trabajadores de los riesgos del Mercado Interior, garantizando sus derechos sociales, y sirva para asegurar en el futuro una mayor protección al ciudadano europeo.

Mercado Único

Para asegurar estos fines, los Sistemas de Seguridad Social de los países comunitarios están actuando en dos direcciones. Por una parte, perfeccionando los reglamentos coordinatorios vigentes en materia de Seguridad Social para adecuar sus mecanismos a las nuevas situaciones que el Mercado único va a. plantear en un futuro inmediato. Y, por otra, desarrollando una política de convergencia de objetivos sociales como medio para lograr una mayor cohesión social y una aproximación de las legislaciones nacionales.En definitiva, después de la evolución positiva de la Seguridad Social en lo que prácticamente podemos denominar el decenio socialista, consolidado el sistema y extendido su ámbito protector a la cobertura social de situaciones de necesidad no derivadas de reláciones profesionales, en concordancia con la exigencia constitucional de protección de los ciudadanos ante situaciones de necesidad, la Seguridad Social deberá adecuarse a las transformaciones que van a caracterizar el panorama social de la década de los noventa, con especial significación en el orden demográfico, en el socio-familiar y en el mercado de trabajo. Adecuación que, en nuestro caso, podrá efectuarse desde la base de un sistema de Seguridad Social estructurado, consolidado y estable, cuya cobertura protectora prácticamente se extiende a la generalldad de la población, que lo sitúa en una posición favorable para hacer frente a los retos futuros, desde una perspectiva política de progreso y desarrollo social.