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Canarias, puente del narcotráfico

Las islas son el enlace de la mafia gallega y los 'narcos' colombianos

Pedro Rodríguez Nicolás, comisario general de Policía Judicial, no sabía que aquel mensaje de emergencia interceptado, que se envió por radio a Colombia desde un pequeño pesquero averiado en medio del océano Atlántico, a 300 millas al sur de Canarias, le iba a poner en la pista del mayor alijo de cocaína (alrededor de 2.000 kilos) aprehendido en España. El decomiso realizado en El Bongo la madrugada del 23 de febrero ratificó una vieja hipótesis de la policía: Canarias es punto estratégico en las redes de conexión de las mafias gallegas de la cocaína y los jefes colombianos del cartel de Medellín.

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Las cartas de navegación incautadas a los 10 tripulantes (nueve colombianos y un peruano) de El Bongo ponen al descubierto la travesía de estos valiosos cargamentos de polvo blanco. Los envíos desde aquella república latinoamericana recorren, cambiando de embarcaciones, el inmenso océano Atlántico, para surcar luego las aguas que separan a Canarias del continente africano y poner rumbo a Galicia bordeando la costa portuguesa.El arrepentido Ricardo Portabales ya había puesto en guardia a los grupos antinarcóticos españoles y a los norteamericanos de la DEA con su testimonio ante el juez Baltasar Garzón.

El hombre que desencadenó con sus declaraciones las operaciones Nécora y Mago explicó cómo había alquilado barcos en el puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria) en 1989 para el trasvase en alta mar de voluminosas partidas de cocaína adquiridas por los mafiosos gallegos José Paz Carballo y José Manuel Padín Gestoso a los jefes colombianos Fabio Ochoa y Pablo Escobar, del cartel de Medellín.

Portabales facilitó a Garzón descripciones físicas y teléfonos de un armador, un chatarrero y tres empresarios de nacionalidad española, libia y japonesa, vinculados al sector portuario de Gran Canaria, que eran sus hombres de contacto.

Las revelaciones del ex colaborador de los narcotraficantes gallegos contrastaban, sin embargo, en aquellas fechas con los escasos resultados de la policía canaria en la lucha contra la droga. En Gran Canaria, la población comenzaba a inquietarse seriamente por la amenaza creciente del consumo incontrolado de sustancias alucinógenas, que generaba elevados índices de inseguridad ciudadana.

La crispación social por el fantasma de la droga alcanza a amplios estamentos de las islas. El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Antonio Castro Feliciano, declaró: "Los narcotraficantes están respaldados en Canarias desde algún puesto de poder de hecho o de derecho, fáctico o no fáctico".

De otra parte, Juan Guerra, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, reconocía en su memoria anual de 1989 que la comercialización de la cocaína en el archipiélago está controlada por americanos; la del hachís, por norteafricanos, y la de la heroína, por ciudadanos del África subsahariana.

Puertas abiertas

En opinión del gobernador civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Julio Pérez, el control del tráfico de estupefacientes se complica en Canarias por su condición de territorio de puertas abiertas, que es visitado por más de cinco millones de turistas al año a través de vía aérea. En Gran Canaria hay que añadir a este hecho la dificultad añadida de su intenso tráfico portuario (alrededor de 15.000 embarcaciones al año).El delegado del Gobierno, a las islas, Anastasio Travieso, reconoce que Canarias, la frontera más al sur de Europa, es hoy una base logística privilegiada para que la policía pueda asestar golpes de efecto a los narcotraficantes que utilizan el triángulo formado por Latinoamérica-Africa-Europa.

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