El gran Berlín pierde ante la 'aldea' de Bonn

La posibilidad de hacerse con la sede del Gobierno de la nueva Alemania se aleja cada vez más de Berlín. A la espera de que el Bundestag (Parlamento) se decida sobre el asunto, tal y como lo establece el tratado de unión entre los dos Estados alemanes, Bonn, la pequeña capital federal, ha tomado la iniciativa presentando un minucioso estudio que dictamina que el precio de trasladar el Gobierno a la antigua capital del Reich supera los 60.000 millones de marcos (cerca de cuatro billones de pesetas), y supondría unas pérdidas de 30.000 millones de marcos para la región de Bonn.

Si la oposición actual de la mayoría de los lánder de la antigua Alemania Occidental al traslado del Gobierno no fuera suficiente, el ministro de Educación, el liberal Rainer Ortleb, diputado por Mecklemburgo-Antepomerania y uno de los pocos miembros del Gobierno originarios de la antigua República Democrática Alemana, se ha apresurado a contarle al periódico conservador Frankfurter Allgemeine que los diputados de los nuevos länder votarán mayoritariamente por Bonn como capital.Sólo en la oposición socialdemócrata se oyen algunas vocen en favor de Berlín. El todavía presidente del SPD, Hans Jochen Vogel, considera que el "Gobierno y el Parlamento deben estar donde se notan los problemas de la gente", mientras que el hombre que tomará las riendas de la socialdemocracia a finales de marzo, Björn Engholm, no se ha pronunciado todavía más que en el sentido de que no deben dividirse las funciones entre las dos ciudades, una opción que se ha apuntado en diversas ocasiones.

En la antigua capital prusiana, en el viejo centro situado en la parte oriental de la ciudad, donde supuestamente se trasladaría el Gobierno, las ilusiones se desvanecen cada vez más. "Esto es la delegación de la cancillería federal en Berlín", asegura con un algo de malicia el solitario policía que monta guardia en la puerta del Ministerrat, la antigua sede del Gobierno antes de la II Guerra Mundial, un austero edificio del siglo pasado, que no encaja con el esplendor barroco y neoclásico de la vieja capital prusiana. "¿Y quiénes trabajan aquí?", inquiere el periodista. "Son gente de Bonn", responde impertérrito, "funcionarios que vienen los lunes y vuelven al Rin los jueves".

La más absoluta soledad rodeada de nieve envuelve al guardián. Ni una señal de vida dentro del edificio ni en los alrededores. El policía, por supuesto, está convencido de que el Gobierno federal no se trasladará a este lugar. "Aquí no funciona nada, todavía", y acto seguido se queja de la mísera paga que recibe, "una tercera parte de lo que cobran mis colegas en el lado occidental de la ciudad".

Según el estudio encargado por Bonn a la empresa Schweizer Prognos, las inversiones para la renovación y construcción de oficinas se situarían en 29.000 millones de marcos, otros 12.000 millones para la renovación y construcción de viviendas destinadas a los cerca de 100.000 funcionarios que habría que trasladar, además de 5.000 para infraestructuras y otras partidas más, así como la indemnización y el pago de los gastos a todo el personal que sería forzado a mover su residencia y perder en la mayoría de sus casos las inversiones hechas en viviendas en la zona de Bonn, cómoda, con excelente infraestructura, exenta de problemas sociales graves.

Paradójicamente, a partir del próximo 1 de junio, cerca de 700.000 antiguos empleados públicos de la desaparecida RDA perderán definitivamenbte su empleo y se sumarán a la inmensa lista de parados.

Desgraciadamente para ellos, el antiguo Estado comunista no contemplaba la figura del funcionario, por lo que no tienen ningún derecho adquirido. El propio ministro de Economía, Jürgen Mollemann, pidió "comprensión" a los empresarios que sean posibles empleadores para con estos malditos, ya que en su mayor parte arrastran la lacra de ser considerados antiguos comunistas o informadores de la Stasi y, además, no poseen ninguna habilidad laboral que los pudiera hacer reciclables.