Un mes de guerra

AL CUMPLIRSE un mes desde que la fuerza internacional, en cumplimiento de la resolución 678 de la ONU, inició sus operaciones militares para desalojar al Ejército iraquí de Kuwait y restablecer así plenamente la vigencia del derecho internacional, se han producido algunas novedades que resultan del máximo interés: la seudooferta iraquí para acabar con la guerra; el despliegue diplomático de algunos países árabes, no alineados y de la Unión Soviética; y, en España, algunas nuevas iniciativas en el ámbito político y diplomático. Por difuso que sea, todo ello apunta un nuevo horizonte a explorar en la perspectiva de la paz.El comunicado del Consejo de la Revolución iraquí reclama contrapartidas que los países aliados consideran acertadamente inaceptables y engañosas. Pero contiene algunas novedades que, en palabras del secretario general de la ONU, deben ser "cuidadosamente" consideradas. La primera es que por vez primera Irak menciona explícitamente su posible desalojo de Kuwait. Ello da fe probablemente de un debilitamiento de las fuerzas iraquíes. E indica también la anemia política del régimen de Sadam, que se ve obligado a mover posiciones para tratar de dividir a la opinión pública de los países árabes más vacilantes y a la retaguardia de la coalición multinacional.

Otro elemento básico es que el texto contiene propuestas absolutamente contradictorias. Señala que el ofrecimiento se produce "de acuerdo con la decisióndel presidente Sadam Husein el 12 de agosto" (fecha en que se anexionó Kuwait, haciendo desaparecer un Estado independiente), al mismo tiempo que propugna "volver a la situación existente antes del 2 de agosto como si nada hubiera pasado" (una fecha en que Kuwait era un Estado independiente). Es decir, se postula una posición y su contraria. Ello, junto a una redacción deliberadamente confusa, podría indicar la existencia de disensiones en el Consejo de la Revolución, organismo totalmente subordinado, no hay que olvidarlo, a la persona de Sadam Husein. A propósito de las condiciones, el texto habla de "asuntos vinculados", con lo que no queda claramente establecido si se trata de posiciones de principio, requisitos previos para negociar la retirada, extrañas normas de estilo, o única y exclusivamente de un nuevo y descarado desafío; o bien de una mezcla de todo ello.

Así las cosas, la comunidad internacional ha considerado que la mención a la hipotética evacuación de Kuwait no constituye base suficiente para la paralización del conflicto. Pero si a esa mención, dirigida a las opiniones moderadas del mundo árabe, se une la hipótesis de la existencia de contradicciones internas, tal vez valga la pena explorar nuevas respuestas, no únicamente bélicas. Puesto que se trata de novedades políticas, conviene afrontarlas con tratamientos políticos que complementen las acciones en el escenario del conflicto y que desarrollen y profundicen en la línea de consecución de la paz a través de la articulación de un alto el fuego.

Desde esa perspectiva, la contestación del presidente Bush contiene elementos necesarios, pero insuficientes. Lo deseable sería que la comunidad internacional, ante el primer signo de inflexión del agresor, diese una respuesta que acentuase la lógica de una salida negociada, previo compromiso de retirada incondicional de Kuwait: una contrapropuesta solemne de alto el fuego que entraría en vigor en el mismo momento en que el Gobierno iraquí fijase día y hora para la retirada.

En el complementarlo, y cada vez más urgente, camino hacia la búsqueda de una solución pacífica, cobra un interés especial la estrategia de uno de los miembros destacados de la comunidad internacional, la Unión Soviética, y las reuniones que este fin de semana mantienen sus dirigentes con la troika comunitaria y el ministro iraquí de Asuntos Exteriores, y las gestiones diplomáticas de un país neutral, Irán. Estas reuniones deberán servir para aclarar el alcance de los nuevos elementos políticos suscitados y su posible tratamiento.

La posición de España

El tercer capítulo de novedades se ha producido en el ámbito interno. España, por coherencia con sus posiciones internacionales, se vio comprometida en acontecimientos bélicos de alcance mundial. El Gobierno adoptó una posición que ha tenido en cuenta las dos obligaciones para él ineludibles: en primer lugar, cumplir las obligaciones asumidas en tanto que miembros de la ONU, actuando a la vez en el marco de la Comunidad Europea. En segundo lugar, que esos riesgos no han de aplicarse de manera automática: cada país debe hacerlo teniendo en cuenta sus intereses precios, su colocación específica en el escenario mundial. Por eso, España, si ha participado eficazmente en el bloqueo y en el embargo -y la experiencia del envío de los barcos es globalmente positiva-, ha tomado ciertas distancias en el momento en que se han emprendido las operaciones militares. Ese distanciamiento se refleja en que España no tiene tropas en la fuerza multinacional, aunque esté presente mediante su decisiva participación como base logística.

Esta posición española específica, de alineamiento claro, pero de no beligerancia activa, responde a datos fundamentales de nuestra historia y de nuestra situación geopolítica. Por un lado, en la opinión pública pesa la tradición neutralista, lo que ofrece un campo fácil a la explotación demagógica. Por otra parte, es natural que España se sitúe, en el marco europeo, al lado de países que desean compaginar su solidaridad con la coalición internacional con actitudes susceptibles de preparar una paz no basada exclusivamente en factores militares. Finalmente, España tiene y necesita preservar una relación excepcional con el Magreb y con el mundo árabe en general.

El alineamiento español en la fase del embargo se plasmó de- forma satisfactoria. Sin embargo, con la imposición de la lógica militar, a partir del 16 de enero pasó a segundo plano la iniciativa política y diplomática, y el mismo marco de actuación natural de nuestro país, la CE, quedó relegado a la práctica inanidad. El estrechamiento del propio terreno de juego revirtió en un cierto desconcierto del Gobierno, que se tradujo en una política informativa errónea sobre el alcance político del apoyo logístico a la coalición. Así, surgieron razonadas dudas de si España hacía todo lo que estaba a su alcance para reforzar la política de solidaridad con el cercano mundo árabe y la línea del indeclinable respeto al derecho internacional humanitario, que establece el tratamiento digno a los prisioneros de guerra, pero también la ilegalidad de los bombardeos sobre poblaciones civiles.

Dos iniciativas emprendidas por el Gobierno en la última semana han empezado a despejar la sensación de &sconcierto y de falta de cauciones a la acción bélica. La primera es la gira del ministro de Asuntos Exteri ores a los países del Magreb -y fundamentalmente su proyectada entrevista en Túnez con los máximos dirigentes de la OLP-, que complementa los intentos de revitalizar una política europea de cooperación y seguridad en el Mediterráneo. La segunda es la carta de Felipe González al presidente Bush instándole a paralizar los bombardeos sobre ciudades y sugiriéndole circunscribirse al teatro de operaciones de Kuwalt, todo ello sin salirse del marco de la coalición.

Los nuevos elementos políticos que afloran en el conflicto ab ren un campo algo más amplio para este tipo. de irticiativas. De modo que todo lo que haga el Gobierno en estas direcciones deberá ser bienvenido. Un mes después del inicio de la guerra, la sociedad civil demanda lo mismo que al principio: que cesen las hostilidades y que se restablezca el derecho internacional.