Jornaleros sin jornal

MIENTRAS SE mantienen los encierros de alcaldes y otras protestas relacionadas con la investigación judicial del fraude de las peonadas, los Jornaleros de Sevilla llevan varios días en huelga para presionar a la patronal en relación al convenio colectivo del sector.Son las manifestaciones más recientes de los seculares problemas del campo andaluz, agravados por la mecanización y por la imposibilidad de emigrar (o incluso el regreso de parte de los que lo hicieron en el pasado) a las zonas más desarrolladas de España o al extranjero. Hoy como ayer, el problema sigue siendo que el agro andaluz no es capaz de dar trabajo estable a la potencial población laboral de la región. Y eso no lo remedian las soluciones administrativas.Tras la experiencia del empleo comunitario, que suscitó similares denuncias de clientelismo a las escuchadas ahora, los socialistas crearon en 1984 el Plan de Empleo Rural (PER), y un año después fijaron la nueva normativa del subsidio agrario. La exigencia de certificaciones de un mínimo de 60 jornadas trabajadas para tener acceso a un subsidio durante nueve meses al año produce la paradoja de que sean precisamente los más necesitados, aquellos que no han conseguido ni siquiera esos 60 jornales anuales, quienes queden excluidos de la ayuda.

Esa situación favorece todo tipo de fraudes, más o menos encubiertos en consideraciones morales. Pues una vez interiorizada la inevitabilidad de un cierto nivel de fraude en determinados casos, queda abierta la puerta a su generalización indiscriminada. Es lo que está revelando la investigación judicial: pequeños agricultores, amas de casa, estudiantes, familiares de los propios empresarios agrícolas que firman las falsas certificaciones, intentan beneficiarse de ellas para obtener un sobresueldo o reforzar la economía familiar. De otro lado, la posibilidad de completar las jornadas exigidas mediante trabajos realizados en el marco del PER permite a los ayuntamientos que gestionan sus fondos todo tipo de prácticas clientelistas.

La decisión del fiscal jefe del Tribunal Andaluz de investigar el fraude por encima del temor a las implicaciones políticas y a las protestas de los campesinos es correcta. Si el fiscal, como han sugerido algunos, no hubiera investigado los indicios delictivos que le proporcionó la Inspección de Trabajo, al considerar que el problema agrario es político y que atañe al Gobierno y a los sindicatos, hubiera prevaricado. La actitud de los sindicatos ha consistido en secundar -o criticar sin mucha convicción- el plan del Gobierno. El pasado mes de noviembre, CC OO y UGT acordaron con el Gobierno modificarla normativa del subsidio y del PER, sin cuestionar aquellos aspectos -como la reducción de las peonadas mínimas para tener derecho al subsidio- que hoy son el caballo de batalla del conflicto.

Al Gobierno y a la Junta de Andalucía les toca encarar por fin el reto de modernizar el campo andaluz y arrostrar cada una de las graves deficiencias del sector. Es urgente depurar, conjuntamente con los sindicatos, el censo agrario y excluir de él no sólo a los pequenos terratenientes o comerciantes, e incluso estudiantes, que cobran el subsidio, sino también a los jornaleros por encima de los 55 años incapacitados para faenas agrícolas, que percibían el dinero a título de caridad social. La entrada en vigor del salario social en Andalucía y Extremadura debe incorporar a su nómina a aquellas personas incapaces físicamente de trabajar en el campo y que carecen de otros ingresos.