Los militares que pasen a reserva a partir de 1995 deberán desalojar su vivienda castrense

MIGUEL GONZÁLEZ Los militares que pasen a la reserva a partir de 1995 deberán desalojar la vivienda castrense que ocupen, según el decreto de creación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas aprobado el pasado día 21 por el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los rumores que circulan por los cuarteles sobre esta reforma, cuyo contenido guarda celosamente en secreto el Ministerio de Defensa, han provocado un profundo malestar entre los afectados. Casi la cuarta parte de las más de 40.000 viviendas castrenses la ocupan militares que no están en activo.

De la obligación general de desalojar en el futuro la vivienda tras el pase a la reserva quedarán excluidos, según. una de las disposiciones transitorias del decreto, aquellos militares que actualmente "se encuentren en servicio activo y les falten cinco años o menos para pasar a la situación de reserva". Tanto estos militares como los que actualmente se encuentran retirados del servicio activo y tienen más de 52 años y las viudas, mientras no contraigan nuevo matrimonio, podrán conservar la vivienda hasta su fallecimiento. Los medios consultados estiman que serán los militares que ahora tienen hasta 52 años, a quienes falta más de cinco para dejar el servicio activo, los principales afectados por esta medida.El Ministerio de Defensa contaba a principios de año con 40.914 viviendas, repartidas entre los patronatos de los tres ejércitos, que a partir de ahora se unifican en el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (IVFAS), dependiente de la Secretaría de Estado para la Administración Militar. Según la respuesta enviada al diputado popular Enrique Lacalle, el 23,4% de, estas viviendas está ocupado, por personal que no se encuentra en activo.

La intención del Ministerio de Defensa es pasar de una política de viviendas de carácter eminentemente social a otra de carácter logístico, de forma que el disfrute de la casa militar, cuya cesión será "personal e intransferible", esté asociado al destino que se ocupa y acabe con el cambio d¿ mismo. Para ello, se faculta al nuevo organismo para calificar y, descalificar las viviendas militares, de forma que la inmensa mayoría de éstas acaben siendo logísticas. La exposición de motivos del decreto manifiesta, no obstante, el propósito de realizar la reforma "con el menor coste posible para aquellos que resulten afectados". Además de las viviendas logísticas, el Ministerio de Defensa facilitará créditos subvencionados para que los militares puedan acceder a la propiedad de una casa en el mercado inmobillari y abonará una "compensación económica sustitutoria" al personal que, teniendo derecho a vivienda, no pueda obtenerla por carencia de un número suficiente en su localidad de destino.

Compensación

El decreto no fija la cuantía de la compensación, que se aprobará anualmente, pero indica que estará en relación con el importe del canon o alquiler que paguen los usuarios de casas militares. Este canon, ahora muy reducido, se incrementará probablemente, pues se prevé un plazo de ocho años para aplicarlo a los actuales inquilinos.

El texto al que ha tenido acceso EL PAÍS no especifica si la compensación económica se abonará a todos los militares que ahora no tienen vivienda o sólo a los que en el futuro no la obtengan por la escasez de las mismas. Este punto habría quedado pendiente de concreción, según algunas versiones.

El decreto se basa en una disposición de la ley de Presupuestos del Estado de 1990, que quedará derogada mañana, por lo que Defensa estaba obligada a aprobarlo antes dé esa fecha. El Consejo de Ministros del día 21 aprobó formalmente el decreto, según dijo la ministro portavoz Rosa Conde, aunque la referencia oficial repartida a los medios de comunicación no hacía alusión al mismo. EL PAÍS pidió reiteradamente al departamento de Defensa información sobre el decreto y la respuesta que obtuvo fue que, tras las fiestas navideñas, se dará cuenta de su contenido en una conferencia de prensa.

Según el proyecto, las casas militares están excluidas del ámbito de aplicación de la ley de Arrendamientos Urbanos, que limita las posibilidades de desalojar al arrendatario. Esta pretensión ha sido ya anteriormente objeto de polémica y ha provocado numerosas demandas judiciales, que podrían repetirse y ampliarse ahora.

En octubre de 1989, Defensa envió un millar de cartas a militares en la reserva transitoria, instándoles a desalojar su vivienda. La medida, que provocó una fuerte contestación, fue finalmente paralizada.