Iniciativa antinuclear

El 27 de septiembre entraba en la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por cerca de 300 grupos ecologistas, para proceder al cierre de las centrales nucleares. Se iniciaba así un intento de participación democrática directa, y al mismo tiempo, toda una suerte de obstaculizaciones burocráticas.Primero fue la Mesa del Congreso, que, disponiendo de 15 días -según ley aprobada por el propio Congreso- para aceptar- o rechazar la Iniciativa, se retrasó mes y medio. Ahora le toca el turno a la Junta Electoral Central, que, a nuestro juicio, introduce trabas que afectarán seria y negativamente a este proceso.

Según establece la Ley Orgánica 3 / 1984, reguladora de la iniciativa popular, es necesario presentar previamente medio millón de firmas válidas. para lo cual deben ir acompañadas de: nombre, apellidos. DNI y municipio en el que esté censado el firmante.A estos datos, únicos requisitos exigidos por el artículo 91, punto 1 de dicha ley para comprobar la validez de las firmas, la Junta Electoral Central añade, de manera totalmente arbitraria, otros cuatro más: fecha, municipio y provincia de nacimiento y domicilio de residencia.

Pensamos que la introducción de estos nuevos datos, cuyo Fin será ahorrarles trabajo a los funcionarios de turno, va a dificultar la recogida de firmas, pues va a hacer que sea una labor más complicada y tediosa, puede frenar a firmar a algunas personas por sentir invadida su intimidad y, por último, y mucho más grave, puede ser causa de invalidez de la firma sí alguno de los datos no es correcto o ha cambiado (como puede suceder con el domicilie) de residencia).

La comisión promotora ha decidido recurrir esta interpretación de la ley, pese a que la Junta Electoral Central ha comunicado ya el inició del plazo de seis meses, establecido por la ley antes citada, para la recogida de las firmas requeridas, obligando a los grupos ecologistas a iniciar esta recogida con los nuevos datos por ella impuestos.-

Miembro de la comisión, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular Antinuclear.