Gravar la vejez

EL INCREMENTO de tarifas de sus asociados mayores de 60 años por una compañía privada de seguro médico ha sonado como el pistoletazo de salida para alcanzar igual meta por parte de las otras aseguradoras del ramo. Coincidentemente, un decreto de la Generalitat dispone que los pensionistas intemados en centros sanitarios públicos a causa de patologías crónicas graves han de pagar con parte de su pensión el coste de los cuidados no estrictamente médicos recibidos. Una asistencia que hasta ahora era gratuita. Pocos días después del anuncio de este decreto, el ministro de Sanidad, durante un debate sobre la necesidad de introducir modelos de gestión privada en el Insalud, elogió esta norma, que iguala, al alza, los asilos asistidos -geriátricos con una tutela médica especial, en los que los ancianos pagan- a los hospitales de enfermos crónicos.Una vez más se justifica este decreto en una tendencia similar imperante en Europa. El problema no viene de hoy, y hunde sus raíces en causas presupuestarias, que a su vez se sustentan, sobre todo en España, en una evolución demográfica que conducirá en pocos años a que una minoritaria población activa haya de mantener a una mayoría no activa.

No parece arriesgado pensar que se están vulnerando derechos adquiridos por los que han cotizado a la Seguridad Social hasta su jubilación. En todo caso, resulta chocante comenzar afrontando una cuestión de tal magnitud y complejidad con el expeditivo procedimiento de obligar a pagar al sector social más desvalido. Esta tasa, impuesta a los más enfermos, más viejos y más pobres, conlleva implícito el sarcasmo de suponer que, en esas circunstancias de salud, edad y economía, el ser humano ya no necesita dinero, convirtiendo la deducción de la pensión en el pago anticipado del óbolo para la barca de Caronte.

Pero es cierto que la necesidad de administrar unos recursos escasos explica en parte la actitud de la Administración sanitaria. La falta de servicios sociales ha cargado sobre los hospitales una demanda de asistencia no estrictamente médica que está comprometiendo la supervivencia financiera del sistema sanitario público. Se distingue, pues, entre patologías médicas y problemas sociales. Y los presupuestos sanitarios se destinan a los objetivos que le son propios.

En el origen de esta normativa está también el espectáculo de algunos familiares desvergonzados que facturan innecesariamente al anciano a un hospital gratuito cuando ése no es el lugar más idóneo para su patalogía ni para su bienestar y luego disfrutan de los ahorros del pensionista. El problema radica, pues, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, en cómo se aborda el drama social de la vejez. La medida de la sanidad catalana sería más explicable si estuviera completada por una asistencia social que ahora no está garantizada. Tampoco la cuantía más generalizada de las pensiones en nuestro país permite que repentinamente la preocupante situación de la tesorería de la Seguridad Social, sus fallos organizativos y sus carencias asistenciales se remedien arañando en la nómina del jubilado.

"Probablemente no exista ninguna sociedad que no trate a sus muertos con consideración", afirma el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Pero la historia está plagada de sociedades despiadadamente inconsideradas con sus inútiles ancianos enfermos. La sociedad española no merece, ni necesita, que caiga sobre ella la sombra de la sospecha de un pasado salvaje. Hace falta un debate sobre la vejez, y quién y cómo costear las situaciones derivadas de ella. Lo lamentable es que la Administración sólo muestre diligencia a la hora de crear nuevas modalidades de cobro sobre los más desvalidos y no tenga la misma urgencia en plantear una salida global.