Cumbre romana

A MEDIDA que progresa la construcción europea se va haciendo evidente que, para funcionar, el edificio necesita que sus ocupantes renuncien a porciones importantes de sus soberanías respectivas. Así va ocurriendo, por más que las resistencias -las que han costado su puesto a Margaret Thatcher, entre otras sigan siendo considerables y a veces se tenga la impresión de que la necesidad de decidir por consenso retrasa más de la cuenta el proceso.Ese consenso explica también la prudencia de los pronunciamientos sobre cuestiones de política internacional en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno como la clausurada ayer en Roma. Así, la esperada presión sobre Washington para que impulse más decididamente la conferencia internacional sobre Próximo Oriente, en cuyo marco se plantearía una salida a la cuestión palestina, se ha quedado en una declaración poco comprometida a favor de "la paz en la zona" y en la exigencia de retirada de todas las tropas extranjeras de Líbano. Y en lo referente a la invasión de Kuwait apenas se avanza más allá del recordatorio a Sadam Husein de los riesgos que asumiría de no cumplir las resoluciones de la ONU. La política de seguridad común recibe el barroco tratamiento de costumbre: la CE debe "desempeñar un papel" en los temas de defensa -como quieren España o Alemania-, aunque sin olvidar los "lazos que existen en el marco de la OTAN" -como desea el Reino Unido- y "sin perjuicio de las posiciones tradicionales de otros Estados miembros", en referencia a Irlanda.

En el campo económico destacan el compromiso de ayuda alimentaría y técnica a la Unión Soviética (por un importe de 150.000 millones de pesetas) y el acuerdo para flexibilizar la posición de la CE en las negociaciones del GATT, cuya reanudación está prevista para enero próximo. Sin que exista todavía una propuesta formal, se da por descontada una importante revisión de la política agrícola común y de subsidios a los productos agrícolas.

Por lo que se refiere a la unidad monetaria, Jacques Delors presentó un proyecto de tratado que apenas introducía modificaciones significativas. La aceptación de 1994 (propuesta el pasado septiembre por Carlos Solchaga, frente al 1993 defendido por Delors) para el inicio de la segunda fase del proceso y la creación del banco central europeo son los aspectos más destacables, aunque no nuevos, del proyecto. Para 1994, los Doce, habiendo asumido la disciplina cambiaria del Sistema Monetario Europeo, garantizarán libertad total a los movimientos de capital. El comienzo de la tercera y última fase -el establecimiento de la moneda comunitaria- será decidido por mayoría cualificada de los miembros. Los principios de funcionamiento del banco (aseguramiento de la estabilidad de los precios por Gobiernos e instituciones independientes) son tanto más relevantes cuanto.que habrán de ser asumidos por Gobiernos históricamente reticentes a que sus bancos emisores dejen de ser mera prolongación de sus ministerios de Hacienda.

Por lo demás, el proceso de creación del mercado interior está despertando serios recelos en medios sindicales por estimar que la armonización de los derechos sociales se está relegando sistemáticamente. Con objeto de reflexionar sobre esta cuestión, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que agrupa a las principales fuerzas sindicales europeas, con cerca de 50 millones de afiliados, celebró en Roma un encuentro en víspera del Consejo Europeo. La presión ejercida ha dado como resultado que los 12 líderes comunitarios prometieran en el comunicado final una mayor dimensión social en la construcción europea, para encontrar soluciones más conformes con los intereses de los trabajadores

No les falta razón a los sindicalistas cuando evidencian que la armonización del derecho social se limita en el mejor de los casos a declaraciones de principios como la llamada Carta Social, pero sin que ello se plasme después en directivas comunitarias que le den el rango jurídico necesario para que los derechos proclamados puedan ser ejercitados por los ciudadanos. La exigencia de la unanimidad de todos los Gobiernos de los Doce para la aprobación de las más de 40 directivas que desarrollan la Carta Social supone en la práctica la imposibilidad de avanzar en el desarrollo normativo de este documento básico. El bloqueo es de tal calibre que ni siquiera se pueden alcanzar acuerdos en las seis directivas consideradas prioritarias. Materias que exigen una regulación tan urgente como el trabajo atípico (temporal y a tiempo parcial), los derechos de información y participación de los trabajadores en la empresa o los de la trabajadora embarazada se encuentran totalmente atascados.