La autopista de la discordia

La decisión del Gobierno de adjudicar a una empresa privada la construcción de una nueva autopista de peaje en la comarca Barcelonesa del Maresme, en lugar de la autovía gratuita que preveía el Plan de Carreteras 1984-1991, ha abierto un nuevo conflicto entre la Administración central y el Gobierno de la Generalitat. La fórmula escogida por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) para conseguir rebajar el peaje previsto -ampliar a cambio la concesión de las principales autopistas catalanas- puede provocar aún un mayor rechazo que el que se pretendía evitar.

El Consejo de Ministros decidió, el pasado 30 de noviembre, adjudicar a la empresa Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA) la construcción de una nueva autopista de 34 kilómetros en la comarca del Maresme, entre Mataró y Malgrat (Barcelona). Culminaba así una compleja negociación entre el MOPU y la empresa concesionaria, tendente a suavizar el impacto que suponía imponer un peaje donde antes se había prometido públicamente una autovía gratuita.El acuerdo comporta implantar un peaje reducido en esta nueva vía, así como reducir en un 50% el peaje que actualmente soporta la autopista A-19 (Barcejona-Mataró), de la que aquélla sería prolongación natural.

La compensación que recibe la empresa es prolongar en 11 años y 8 meses todas sus concesiones, desde el año 2004 hasta el 2016. ACESA -sociedad controlada por la Caixa de Pensiones i Estalvis de Barcelona- explota las autopistas A-19, A-2 (Barcelona-Lérida) y A-7 (Barcelona-Tarragona y Barcelona-Gerona-La Jonquera).

Esta ampliación, que hace recaer en los usuarios de una autopista los gastos que ha generado la construcción de otra, prolongará en el tiempo una situación atípica en España: Cataluña tendrá en 1992, con los nuevos proyectos que están en marcha, más de 600 kilómetros de autopistas y otras vías de pago, la mayor parte de las cuales constituyen además los principales accesos a la ciudad de Barcelona. El subsecretario del MOPU, Javier Mauleón, asegura que la fórmula escogida está amparada por la legislación y cuenta con el visto bueno del Consejo de Estado.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se ha mostrado contrario a esta ampliación, que ha calificado de "impuesto indirecto a todos los ciudadanos" y ha anunciado que su gobierno se opondrá a ella "política y jurídicamente". Este rechazo es compartido por los directamente afectados (ayuntamientos de la comarca y agricultores expropiados) y la mayoría de los partidos políticos. Sólo los socialistas catalanes han salido públicamente en defensa de esta solución.

El Gobierno catalán sostiene además que el MOPU ha tomado una decisión "unilateral" que le perjudica directamente, ya que la Generalitat aspira a que la titularidad de las principales autopistas catalanas -declaradas de interés general del Estado- pase a esta comunidad autónoma una vez finalizada la concesión.

La autovía del Maresme era uno de los proyectos incluidos en el Plan de Carreteras 1984-1991 del MOPU, cuya filosofía inicial -ahora en entredicho- apostaba por las autovías de carácter gratuito. El proyecto pretendía ofrecer una alternativa a la carretera N-II, que en esta zona se encuentra sobresaturada. El Plan de Transportes de las Grandes Ciudades, o plan Felipe, cambió el proyecto original, argumentando razones económicas: las inversiones del MOPU en Cataluña se habían disparado de los 60.000 millones previstos en 1984 a 200.000 millones.