Solchaga se quejó en junio ante el Gobierno por el rechazo de los alcaldes al nuevo catastro

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, manifestó en el Consejo de Ministros del 1 de junio pasado sus quejas por la actitud de rechazo de los alcaldes del PSOE frente a la revisión del catastro. El ministro consideró que una reunión celebrada el jueves anterior en la sede del partido socialista suponía una intromisión en su política económica. En la sesión del Consejo, la intervención de Solchaga no fue contestada abiertamente por los demás ministros. Este hecho planteó una situación confusa: por una parte, los ministros económicos interpretaban que se daba luz verde a la reforma, mientras que los próximos al vicepresidente Alfonso Guerra se inhibían esperando que los propios hechos pusieran de manifiesto la inviabilidad del proyecto.

Aquel planteamiento ante el Consejo de Ministros no llegó a formalizarse, por lo que no se plasmó en la referencia oficial de lo tratado. Su consecución fue laboriosa, porque Solchaga tuvo que exponer un largo razonamiento, en el que acusó a los alcaldes de no querer corresponsabilizarse en la gestión de los impuestos.Las presiones de los alcaldes del PSOE tuvieron su origen remoto en febrero o marzo, cuando conocieron los primeros planes de Economía para elaborar el nuevo padrón de viviendas.

El secretario del área institucional del PSOE, Abel Caballero, escuchó entonces a alcaldes socialistas de importantes ciudades, como Zaragoza, Valencia, Valladolid, Mataró y Palma de Mallorca -Antonio González Triviño, Clementina Ródenas, Tomás Rodríguez Bolaños, Manuel Mas y Ramón Aguiló, respectivamente-, con los que comenzó a mantener reuniones para debatir el plan de revisión del catastro, según personas que acudieron a ellas.

Las posiciones críticas coincidentes de los asistentes a esas reuniones fueron expresadas en torno a los meses de abril y mayo a los secretarios de Estado de Hacienda y para las Administraciones Territoriales, José Borrell y Francisco Peña, respectivamente, que aceptaron acudir, a invitación de Caballero, a debatir en esa comisión del partido el citado proyecto.

El problema fue debatido en una Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en la que se acordó dar el visto bueno a la reforma catastral, mientras que se aplazó la entrada en vigor del impuesto sobre actividades económicas.

En esos días, cualificados militantes del PSOE con un destacado papel en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -que representa al 90% de los ayuntamientos-, comunicaron verbalmente al Gobierno su oposición a la revisión catastral, cuyo aplazamiento solicitaron dadas las consecuencias electorales que podían tener para el partido en un año de elecciones municipales. De igual modo, en la segunda quincena de mayo, Tomás Rodríguez Bolaños, en tanto que presidente de la FEMP, envió una carta a Solchaga en la que mostraba su oposición a la revisión catastral, según diversas fuentes consultadas.

Todo esto no impidió que Solchaga siguiese adelante con sus planes de poner en marcha la reforma y subir el precio oficial de las viviendas (que repercute en los impuestos que se pagan por ellas).

Reunión de Sevilla

En el primer fin de semana de junio (inmediatamente después del ya citado Consejo de Ministros), se reúne en Sevilla la Conferencia de Política Municipal del PSOE, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones andaluzas. El hecho de que los alcaldes más significados en la Federación de Municipios hubieran mostrado ya su oposición al Gobierno en relación con esta modificación del catastro hizo que en la Conferencia Municipal, a la que acudieron unos 700 alcaldes socialistas, esta polémica no fuese suscitada por las primeras figuras municipales. Los promotores de la oposición al proyecto ya sabían que el Gobierno había recibido el recado. "De haberse sometido a debate, todos habrían entrado en él", según un cualificado asistente, quien recuerda que, no obstante, algunos alcaldes de pequeños municipios sí realizaron intervenciones críticas hacia esta reforma. A estas alturas, los guerristas ya tenían conciencia de que la revisión acabaría en fracaso y dieron la consigna de dejar solos con el problema a los hombres de Solchaga.

El ministro prosiguió con sus planes, y en las pasadas semanas Economía comenzaba a enviar a los ciudadanos los nuevos valores catastrales. La polémica trascendió entonces a la opinión pública.

Ante el Incremento de las protestas ciudadanas y las críticas surgidas desde el propio PSOE, Solchaga decide telefonear el pasado lunes a Felipe González para informarle que tiene previsto convocar al Grupo Parlamentario Socialista y a los alcaldes del partido para exponerles el alcance de la revisión catastral. El presidente da su conformidad. La primera de estas reuniones, con el Grupo Parlamentario Socialista, se celebró el martes a las diez de la mañana. Dos horas más tarde Solchaga se desplaza a La Moncloa y se compromete con el presidente del Gobierno a no deshacer los planteamientos de la revisión catastral, aunque ambos coinciden en aplazar un año la polémica iniciativa.

En la tarde del mismo martes el ministro de Hacienda, ante varios miembros de la ejecutiva del PSOE, anticipa a un grupo de alcaldes socialistas, preocupados por la proximidad de las elecciones municipales, la posibilidad de demorar los cambios en la valoración de las viviendas. En un breve diálogo con los informadores tras esta reunión, Solchaga insinúa también que podría producirse una prórroga de la actual situación.

Solchaga y González mantienen un nuevo contacto telefónico en la noche del martes. El ministro confirma al presidente que al día siguiente anunciará el aplazamiento por un año de la revisión. Antes de la rueda de prensa, a primera hora del miércoles, el titular de Hacienda comunica al presidente los pormenores del aplazamiento de la revisión catastral y cómo va a exponer esto a los medios informativos.