El general Noriega y la razón de Estado

Manuel Antonio Noriega tiene su vida en Miami. Hace negocios, conforta a los amigos, imparte política a sus leales del PRD y, en horas libres, recorre kilómetros imaginarios en una bicicleta estática que ha hecho instalar en su celda. Su forma física y psíquica es excelente. Lo demostró la semana pasada, cuando rompió casi un año de silencio para proclamar que su juicio es mucho más que un juicio de drogas.Hay dos procesos por narcotráfico contra Noriega en Florida, y son sólidos. Con las pruebas reunidas, el ex dictador panameño arriesgaría muchos años de cárcel en cualquier país del planeta. Pero también está el hecho de que, durante dos décadas, ha sido un agente de EE UU, y no un agente cualquiera.

Protegido por la razón de Estado, que con frecuencia se sirve de delincuentes a los que permite quebrantar la ley impunemente, Noriega hizo de Panamá un canal para el comercio de drogas, tecnología, armas y dinero negro. Sus peajes fueron elevados y sus traiciones, numerosas, porque Noriega ha engañado a los traficantes colombianos, a los sandinistas, a la Contra y a sus protectores de Washington. Pero sin él, ni la guerra en Centroamérica hubiera logrado, la eficacia que tuvo ni el cártel de Medellín la potencia que tiene ahora. El proceso tendría que demostrar, pues, si la legalidad violada por la razón de Estado puede ser restablecida. Hasta aquí, la respuesta es que no.

Ilegalidades

Noriega fue detenido tras una invasión plagada de ilegalidades y, un año después, el juez que dirige su caso en Miami se interroga sobre si existen las condiciones para que el ex dictador tenga una defensa justa.

Hubiera sido ingenuo esperar un proceso sencillo en el ambiente de silencio, confusión y sospecha que generan las llamadas operaciones encubiertas. La CIA y la DEA, paradigmas de cómo la razón de Estado y el imperio de la ley conviven bajo un mismo techo, se miran con desconfianza porque alguien filtró unas escuchas del teléfono de Noriega. En rigor, lo de menos es quién las filtró. Es posible que haya sido el propio Noriega, que sigue teniendo apoyos importantes en la Administración panameña. Pero si se demuestra que las escuchas han revelado confidencias del ex dictador a su equipo jurídico, lo único legal sería que Noriega se fuera a casa.

De no ser así, deberá esperar un juicio que, razonablemente, no llegará antes de la primavera. Entonces tendrá oportunidad de recordar que no pudo ser procesado por narcotráfico hasta que el ex director de la CIA William Casey y el coronel Oliver North fueron detenidos por el Irangate. Y probablemente le dirá al juez que, si hizo tratos con los colombianos, fue para vigilarles de cerca. La DEA, añadirá, le agradeció públicamente los servicios prestados hasta el día mismo de la invasión.

Hoy, cuando las razones de Estado que motivaron el embrollo son historia, resulta inverosímil que Noriega vaya a salir de la cárcel para perderse entre los turistas de Florida. En cambio, sí es seguro que a la ola de cocaína que se levantó sobre las mismas circunstancias le queda mucha marea.