Acuerdos y conflictos

El autor aboga por una mayor racionalización de las relaciones entre los distintos actores del sistema agroalimentario: productores agrarios, subsistema transformador y administraciones públicas. A ,su juicio, una política de acuerdos favorece a los agricultores y fortalece a las organizaciones que los suscriben.

Hace escasas semanas, dos organizaciones profesionales agrarias, UPA y ASAJA, y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España firmaban sendos acuerdos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -COAG lo había hecho en julio- en materia de contratos agrarios, mejora de estructuras y fomento del asociacionismo agrario. Al mismo tiempo tenía lugar una importante protesta de ganaderos lácteos, convocada por aquellas organizaciones, en demanda de un mayor precio para su producto.Si bien, en una primera aproximación, ambas noticias aparecen como contradictorias, una segunda lectura hacía concebir esperanzas de que se estuvieran dando pasos positivos hacia una mayor racionalización de las relaciones institucionales y económicas entre los distintos actores del sistema agroalimentario: productores agrarios, subsistema transformador y administraciones públicas. Al carácter plural de estas últimas se volverá más adelante.

La firma de acuerdos sobre asuntos concretos aparece como la única vía razonable para superar el falso y esterilizador dilema del todo o nada. El camino así emprendido y la progresiva ampliación del margen de confianza entre las partes podrían conducir a una multiplicación de los acuerdos y, lo que aparece como más importante, a establecer mecanismos de consulta y trabajo permanentes entre la Administración y los diferentes representantes del sistema alimentario.

Una política de acuerdos con las administraciones públicas favorece a los agricultores, fortalece a las organizaciones que los suscriben y da solidez a su proyecto autónomo de representación de intereses económicos y profesionales. Por el contrario, una política de enfrentamiento permanente y reivindicación desmesurada debilita a las organizaciones y las deja a merced de la manipulación política foránea, cualquiera que sea la voluntad y el deseo de sus dirigentes.

Nuevas realidades

La política de acuerdos es hoy más necesaria que nunca, a la vista de las nuevas realidades que se dibujan en el horizonte económico internacional, especialmente las derivadas de los próximos acuerdos del GATT.

El reciente conflicto lácteo ha supuesto cierta evolución en relación, con otras movilizaciones. A diferencia de protestas precedentes, que solían parapetarse en plataformas reivindicativas cuya extensión las volvía ineficaces -salvo para exclusivas finalidádes de agitación política inmediata- e incluso difícilmente inteligibles, el conflicto de la leche tenía una motivación clara, mayor precio, y un destinatario identificado, la industria láctea. Aunque todavía se dan inevitables referencias a las responsabilidades de la Administración -se sobreentiende que la estatal; las autónomas parecen no existir-, entre los ganaderos y los dirigentes patronales y profesionales más responsables hay conciencia de que los problemas, aun siendo múltiples, exigen momentos procesales distintos; ahora, la cuestión nuclear es el precio del producto, luego se podrá hablar de otros temas.

En la medida en que los conflictos, inevitables en cualquier sociedad económica compleja, se planteen en tomo a reivindicaciones concretas, haciendo esfuerzos cada una de las partes por entender el margen real de maniobra de la contraria -léase restricciones económicas y otras-, se estará avanzando hacia la consolidación en el sistema agroalimentario de un moderno modelo de relaciones industriales e institucionales que permitirá ir dando salida progresiva a los diferentes problemas planteados. Es evidente que la vuelta atrás en este proceso no está descartada en absoluto, e incluso parece inevitable a corto plazo -resulta imposible arrojar de inmediato por la borda todas las servidumbres del pasado y los extravíos del presente-, pero el futuro pertenece a quienes apuesten por aquella vía, y no por la del enfrentamiento permanente.

Para que el proceso se acelere es necesario ser consciente de las nuevas realidades. En primer lugar, la descentralización política que implica el Éstado autonómico conlleva una espectacular redistribución del gasto público a favor de las administraciones autónomas y locales. Es evidente para cualquiera que recorra España que esa redistribución ha beneficiado en gran medida a la población agraria española -parte decisiva del poblamiento rural dominante en la mayoría de las comunidades autónomas-, en cuanto consumidores y usuarios de mejores servicios públicos e infraestructuras de toda índole. Cualquier análisis sobre la situación del sector que ignore: este doble carácter de sus agentes económicos resulta insuficiente y explica muchas decepciones políticas.

La redistribución del gasto ha tenido un reflejo especial en los presupuestos de agricultura, pesca y alimentación, donde las comunidades autónomas disponen de plena competencia. El esfuerzo desarrollado por la Administración central en materia de gasto agroalimentario y pesquero durante los últimos años -sólo el presupuesto de inversiones ha aumentado un 70% en el último quinquenio- no ha impedido que el gasto conjunto de las comunidades autónomas alcance ya el 54% del presupuesto del Estado, y este porcentaje tenderá todavía a incrementarse.

El hecho precedente obliga a un doble ejercicio de responsabilidad. Los dirigentes agrarios deben asumir, en la teoría y en los hechos, que su interlocución sectorial se ha multiplicado por 17, sin contar a la Administración comunitaria. Ya no es posible hablar sólo del ministerio a la hora de resolver o achacar determinados problemas, lo cual, entre otras cosas, obliga a complicados equilibrios intemos de coordinación territorial dentro de cada organización.

Los responsables de otras administraciones, por su parte, han de aprender y practicar que la política de exportar los conflictos a Madrid, a fuer de estéril para la resolución de problemas profesionales, es, en el más optimista de los supuestos, sólo posible a corto plazo. La inevitable tempestad que acompaña a la siembra de vientos demagógicos termina por afectar al aprendiz de brujo, siempre más a mano que Madrid a la hora de exteriorizar una protesta.

Limitaciones económicas

Por último, una referencia a las limitaciones económicas. Cualquier sector, no sólo el agroalimentario, ha de entender que si sus reivindicaciones pueden ser infinitas, como productores y consumidores de bienes y servicíos públicos, los recursos para satisfacerles son inevitablemente escasos en comparación con la magnitud de aquéllas. Ello obliga a jerarquizar prioridades; es decir, a elegir unos programas en demérito de otros y a dilatar la resolución de los problemas.

Un esfuerzo adicional debe hacerse -y reclamarse- en la mejora de la gestión de todas las administraciones públicas. Por buena que ésta fuere, siempre resulta perfectible, y en ocasiones esa mejora libera excedentes económicos insospechados que pueden paliar en gran medida la distancia, inherente a todo problema económico, entre recursos existentes y necesidades a satisfacer.