El futuro Consejo Económico y Social contará con un presupuesto de 700 millones

El futuro Consejo Económico y Social (CES) dispondrá para su constitución y funcionamiento, en 1991, de 700 millones de pesetas si se aprueba una enmienda a los Presupuestos Generales que va a presentar el Grupo Parlamentario Socialista. Para poner en marcha el CES, el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, inició ayer una nueva ronda de consultas con los sindicatos y la patronal.

El último borrador elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social da rango de ley a la creación del Consejo Económico y Social (CES), tal como habían reclamado los sindicatos y la patronal CEOE, mientras que los anteriores textos, y entre ellos el entregado en el mes de julio pasado, preveían la puesta en marcha por decreto.También se ha cambiado la composición de los miembros del CES al reducir de 10 a seis el número de expertos y que Trabajo propone sean designados por el Gobierno, previo consenso con las organizaciones participantes en el consejo. Asimismo se aumenta de dos a cuatro los representantes de usuarios y consumidores y los del sector de la economía social. En total se mantiene que sean 61 los miembros del CES, 20 de ellos en representación de los sindicatos que tengan la consideración de más representativos; 20 por las organizaciones empresariales; 14 de otros sectores de la vida económica; los seis expertos; y el presidente.

Esas modificaciones respecto a los múltiples borradores anteriores fue abordada ayer en la reunión que mantuvo el titular de Trabajo, Luis Martínez Noval, con los dirigentes de UGT. El sindicato está "básicamente de acuerdo" con el actual proyecto, porque es muy similar al CES de la Comunidad Europea, pero no comprende "la insistencia del Gobierno" en mantener la presencia de expertos y reclama que se incluya entre las funciones del consejo el ser consultado sobre el análisis económico y financiero de los presupuestos.

Le parece positivo el que se hayan ampliado los asuntos objeto de consulta y que se añadan la política industrial, la vivienda, el transporte, aspectos básicos del sistema fiscal y el medio ambiente. Esas materias se suman a las ya previstas: los anteproyectos de ley y decretos reguladores de las condiciones socio-económicas referidos a promoción social, cooperativismo, política de rentas, políticas laborales de la reestructuración sectorial, relaciones de trabajo individuales y colectivas, condiciones laborales, empleo y formación profesional, seguridad social, protección al desempleo, fondos de pensiones, servicios sociales, emigración e inmigración, derechos sindicales, sistemas de solución de conflictos, participación en la empresa y aspectos relacionados con el Mercado Único y su incidencia social. Permanece exceptuada expresamente la consulta sobre el anteproyecto de presupuestos generales del Estado.

El nombramiento del presidente sigue siendo facultad del Gobierno, a propuesta conjunta de los ministros de Economía y Trabajo, previa consulta a los grupos presentes en el CES. Una novedad del último borrador es que se añade un párrafo que dice que "en todo caso debe ser respaldado por, al menos, dos tercios de los miembros".