¿Homenaje a '1984'?

EL DOCUMENTO de trabajo programático que discuten los altos cargos del Gobierne de Jordi Pujol y de Convergència i Unió (CiU), hecho público recientemente, tiene un objetivo legítimo y positivo: el fomento del uso y de la dignidad de la lengua catalana. Felizmente, la realidad política y social acompaña a este fin y va colocando el pluralismo li.ngüístico, y concretamente el idioma catalán, en la normalidad cultural.Pero, por más que se analice desde el respeto a los planteamientos nacionalistas, resulta difícil encontrar en este documento otros elementos que resulten estimulantes y al tiempo apaciguadores. Sucede más bien lo contrario. Todo el articulado destila una voluntad explícita de intervención administrativa hasta en los ámbitos más privados de la sociedad civil. El objetivo, que en ningún pasaje se disfraza o matiza, es el control absoluto de la sociedad catalana por una ideología -la nacionalista conservadorL- y quienes la encarnan, con la exclusión de otras corrientes políticas.

No resulta agradable tener que recordar que este tipo de doctrinas están perfectamente tipificadas en el capítulo histórico de los totalitarismos. Algo que ni encaja con la práctica política constitucional del partido que ha elaborado este texto, Convergència, ni con la trayectoria de su líder, Jordi Pujol, que sufrió hace 30 años la prisión del totalitarismo franquista por defender los derechos de Cataluña y la libertad.

Los autores han expuesto en el documento, sin recato, la intención de utilizar la Administración catalana con fines distintos a los propiamente políticos y administrativos. En el texto aflora la pretensión de convertirla en un gran aparato destinado a difundir las ideas del partido que lo dirige, mediante métodos que recuerdan a los narrados precisamente por,el autor de Homenaje a Cataluña, George Orwell, en su novela de ficción política 1984, y particularmente a su policía del pensamiento. Para ello se propugna fomentar el control ideológico y político del funcionariado. ¿Cómo? Expresiones como "velar por la composición de los tribunales de oposición", o consignas como "vigilar de cerca la elección de este personal", referida a los inspectores del sistema de enseñanza, indican el camino, una vía que atenta claramente contra la libertad de pensamiento y de cátedra y, en suma, contra los principios de un Estado de derecho. ¿Qué signífica sí no propugnar literalmente la "incidencia en la selección y destino de funcionarios clavo: jueces, notarios, mandos de los Mossos d'Esquadra, médicos, maestros, secretarios de ayuntamientos, etcétera?".

El manejo partidista de las conciencias de los ciudadanos con fines políticos, a través del sistema de enseñanza y de los medios de comunicación, públicos y privados, y la infiltración de militantes en el entramado de la sociedad civil son elementos esenciales, que se organizan mediante la labor de "introducir a gente nacionalista en todos los lugares clave de los medios de comunicación", entre otros sistemas. La declarada voluntad de colocar al servicio del "espíritu nacionalista" lo mismo a una agencia de noticias que a los sindicatos y las patronales, las cajas de ahorros y las universidades, ilustra el ánimo totalizador de sus redactores.

El texto menciona, en desorden, otros objetivos del nacionalismo conservador catalán que, pudiendo ser legítimos en su enunciado general si se persiguen por métodos democráticos, explican algunas de las contradicciones en que se mueve el partido. Así, se refiere sin ambigüedades a los "países catalanes" como al auténtico marco nacional catalán; se promueve la revisión del estatuto de autonomía; se alienta la campaña a favor de un comité olímpico catalán; se postula la extensión de la radiodifusión pública catalana al ámbito valenciano y balear y se asimilan las competencias exclusivas de la Generalitat a espacios de soberanía política.

Sorprende la ausencia total de reflexión sobre la economía y la sociedad catalana, que son las que conforman su base real. Catalanizar Cataluña es una cuestión, principalmente, formal y ritual, aunque sea a fuerza de constreñimientos e incluso de coacciones. No es catalanizar Cataluña, si atendemos a lo que dice el documento, el luchar por una sociedad más justa, erradicar el desempleo y la marginación, ocuparse de la fiscalidad, mejorar las oportunidades de formación y trabajo para los jóvenes, o el satisfacer plenamente los derechos a la salud, a la vivienda digna y a la enseñanza.

Pero estos últimos son elementos discutibles de una política concreta, asunto que compete periódicamente a los electores. Lo que no es democráticamente admisible es la patrimonialización de la sociedad que se postula mediante métodos totalitarios y la conseguiente amenaza al pluralismo que supone este docuniento. ¿Es mucho pedir una clara y contundente desautorización de estos contenidos por parte del priesidente de la Generalitat?