La Junta de Extremadura amenaza con expropiar 37.000 hectáreas en dos años
La Junta de Extremadura aprobó el pasado martes un proyecto de ley para expropiar, antes de seis meses, 5.500 hectáreas de¡ término municipal de Alburquerque (Badajoz). Al mismo tiempo, el Gobierno autónomo ha advertido a los propietarios de otras 37.000 hectáreas que en un plazo de dos años deberán unificar la titularidad de las fincas o de lo contrario se procederá igualmente a la expropiación.La Junta intenta resolver así el problema histórico de los Baldíos de Alburquerque, cuyo término municipal llegó a contar con una dehesa boyal -propiedad municipal que explota la comunidad- de casi 40.000 hectáreas, que hoy aparece dividida.
Los Baldíos de Alburquerque ofrecen una singular estructura de propiedad: un titular puede tener los derechos de siembra, otro de las hierbas de invierno, un tercero de los pastos de primavera y verano y puede que alguien más tenga los derechos de arbolado. En opinión de¡ Gobierno autónomo extremeño, esta división de las titularidades ha llevado en ocasiones a que uno imponga sus intereses sobre los derechos de los demás, y ha originado conflictos. Entiende la Junta de Extremadura por ello que "se impone una legislación correctora de todos esos abusos".
El último Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un proyecto de ley que regula el régimen jurídico de los Baldíos de Albúrquerque.
"El Gobierno extremeño se cura en salud", según fuentes próximas al Ejecutivo, y para evitar que los recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o el Tribunal Supremo pudieran paralizar el proceso, acude a un texto legal que aprobará la Asamblea de Extremadura. La posibilidad para los propietarios será acudir al Tribunal Constitucional.
Pero el entramado legal es aún más complejo. En tiempos de Primo de Rivera, con un decreto de 1927 se intentó solucionar esta situación. Posteriormente la República publicó una Ley 1935 que nunca llegó a aplicarse.
El proyecto de ley aprobado por la Junta de Extremadura para el proceso expropiatorio contempla la aplicación de una ley franquista, la de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, utilizada en ocasiones anteriores.
Para la expropiación directa de las 5.500 hectáreas que se propone acometer en breve, la Junta de Extremadura entregará las tierras al Ayuntamiento de Alburquerque tras pagar un justiprecio, que las unificará en una sola propiedad bajo el régimen de dehesa boyal. Esta finca podría alcanzar una superficie de 7.500 hectáreas si se suman a las 2.000 hectáreas que ya posee la corporación municipal.
Alburquerque está situado en una de las mayores bolsas de pobreza de Europa, en la denominada raya de la miseria.
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