El Gobierno llevará a cabo una regularización fiscal con penalización cuando lo proponga el Parlamento

CONCHA MARTIN La regularización fiscal ha calado en la clase política hasta el punto de que el Gobierno sólo está a la espera de recibir propuestas del Parlamento para llevarla a cabo. Así lo anunció ayer en el Congreso el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, tras recibir el apoyo mayoritario de la Cámara -sólo el PP mantuvo su enmienda a la totalidad del proyecto de ley de¡ impuesto sobre la renta- a su oferta de consenso sobre el nuevo IRPF. Dejó claro, sin embargo, que no se tratará de una amnistía, sino una regularización fiscal con penalización, y siempre que en la conciencia general germine la idea de que el cumplimiento de las obligaciones fiscales será generalizado a partir de esta puesta al día.

El ministro fue más allá al afirmar que la reforma fiscal debe ser el punto de partida de tina catarsis en la conciencia fiscal de este país". La reforma de los impuestos sobre la renta y, el patrimonio, que durante los idos últimos días se ha debatido en el Congreso, "puede ser tina ocasión magnífica para que el país en su conjunto reconsidere si es el momento de ponerse a bien con Hacienda", afirmó.Esta puesta al día conllevará un coste, es decir, no se va a decretar una amnistía -como sucedió en la primera reforma fiscal de la democracia en el año 1978- sino que supondrá tina penalización ya que "no puedo imaginar una afloración de patrimonios financieros o no financieros sin pagar", puntual¡zó Solchaga.El Gobierno no llevará. lainiciativa porque, según afirmó Solchaga, está a la espera de que se concreten las propuestas de los grupos parlamentarios que, desde el PP a Izquierda Unida, se han mostrado ya de acuerdo. El ministro convocó para ello a un "gran pacto fiscal" que garantice tanto a la opinión pública como al Parlamento que, a partir del momento en que se lleve a cabo la regularización fiscal, "va a existir un cumplimiento generalizado de las obligaciones tributarias".

El ministro recordó las propuestas de Izquierda Unida -dedicar el billón de pesetas que puede aflorar con la regularización a gastos sociales e infraestructuras- y de Convergencia y Unió -eliminar- la opacidad fiscal de los pagarés del Tesoro y penalizar con un 30% la afloración de dinero negro- pero puntualizó "que el Gobierno aún no se ha pronunciado y el grupo parlamentario socialista sólo ha mostrado un talante abierto". Recordó que se respetarán los derechos adquiridos de los actuales titulares de pagarés del Tesoro.

Nuevas retenciones

Solchaga realizó estas declaraciones tras apuntarse un éxito en su oferta de consenso para la reforma fiscal. Únicamente el Partido Popular mantiene su enmienda a la totalidad del proyecto de ley de renta y patrimonio, que fue rechaza ayer por los votos en contra del grupo socialista y de Izquierda Unida y la abstención de las restantes formaciones políticas. Este alineamiento de la izquierda sólo tiene, en los últimos tiempos, el precedente de la LOGSE.

Sin embargo éste es únicamente el primer paso, ya que ahora habrá que entrar en harina para delimitar cómo se va a llevar a cabo la regularización fiscal y qué enmiendas serán aceptadas por el grupo socialista, que en esta legislatura sólo cuenta con la mitad de los diputados del Congreso. Solchaga ya ha marcado el límite y es que la reforma fiscal no debe ser más cara de lo previsto (300.000 millones de pesetas) y debe ser coherente con el "proyecto socialdemócrata".

La aceptación del consenso por la mayoría de la Cámara aleja la posibilidad de que la reforma fiscal entre en vigor el 1 de enero de 1991. Solchaga lo volvió a dejar caer ayer al señalar que el proceso de discusión que ahora se abre "es técnicamente complejo".

El ministro señaló que en el caso de que se produzca este retraso, el Gobierno aprobará un decreto de prórroga del actual IRPF. En él se producirá una actualización de las retenciones y de la tarifa del impuesto "en el entorno del 5%".