Más de 19.000 damnificados por las inundaciones de 1982 no cobrarán las indemnizaciones
Los ingenieros Román Guerrero, ex jefe de regadíos del Ministerio de Obras Públicas, y Juan Sancho-Tello, comisario de aguas del Júcar en octubre de 1982, cuando se desmoronó la presa de Tous, han sido condenados a un año de prisión por imprudencia temeraria con resultado de ocho muertes y cuantiosos daños. La sentencia, publicada ayer en Valencia, declara la responsabilidad civil del Estado, pero sólo otorga indemnizaciones para los perjudicados que ejercieron la acusación particular, cerca de 4.500. La cifra de indemnizaciones se sabrá el lunes.
El resto de vecinos de la comarca valenciana de La Ribera, más de 19.000, deberán emprender acciones civiles para reclamar sus daños, ya que el ministerio público, que defendía sus intereses, había solicitado la absolución para, los dos condenados. Los otros tres ingenieros procesados han resultado absueltos. La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia considera probado que la rotura de la presa de Tous fue la causa directa de ocho de las nueve muertes ocurridas el 20 de octubre de 1982 y de parte de los daños materiales originados por las inundaciones que se incrementaron por la avenida del agua del embalse.El presidente de la Sala, José Luis Pérez Hernández, que leyó parte de los 2.328 folios de la sentencia durante cerca de seis horas, justificó la condena de los dos ingenieros. En el caso de Román Guerrero, el tribunal estima que no puso todos los medios para que se cumplieran con escrupulosidad las normas establecidas para la grandes presas, que obligan al mantenimiento de dos fuentes alternativas de energía en las instalaciones.
Grupo electrógeno
En el momento de la rotura de la presa de Tous sólo existía un grupo electrógeno de emergencia y el sistema de fluido electrico que permite abrir las compuertas de la presa estaba cortado.
La Sala precisa que el deber de vigilancia diurno y nocturno de la presa, agravado en un mes lluvioso como el de octubre, fue omitido por el ingeniero.
En relación al ingeniero Juan Sancho-Tello, comisario de aguas del Júcar en 1982, el tribunal subraya que "apenas hizo nada para prevenir la posibilidad de una avenida". La sentencia precisa que Sancho-Tello, -la autoridad de más rango en materia de aguas de la Comunidad Valenciana en aquella fecha- recibió la tarde del 19 de octubre un informe del Servicio Nacional de Metereología que predecía lluvias intensas en la zona mediterránea, entre Almería y la cuenca del Ebro. La Sala estima comprobado que el ex comisario no alertó de este riesgo a los responsables de las presas de la cuenca del Júcar, ni comunicó a Gobierno Civil y a los ayuntamientos de la zona la predicción metereológica.
La sentencia declara, finalmente, la responsabilidad civil del Estado respecto a las indemnizaciones de los cerca de 4.500 vecinos afiliados a las asociaciones de damnificados que el Tribunal reconoce en un alto porcentaje. La sentencia establece, además, distintas indemnizaciones por los daños morales sufridos. Estos daños se cifran en 200.000 pesetas por cada cabeza de familia y 100.000 más por cada persona que tenga a su cargo.
Los 4.500 damnificados recibirán más o menos dinero -entre el 20%. y el 80% de lo que pedían- de acuerdo con criterios geográficos, topográficos y pluviométricos, que miden la proporción de los daños emanados de los efectos de la rotura de la presa.
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