Emergencia

CON UNA táctica próxima a la del apocalíptico "húndase el mundo y yo con él", grupos de camioneros autónomos intentan, por su cuenta y riesgo, poner patas arriba la vida de este país. Prevaliéndose de su posición en un sector estratégico como es el del transporte por carretera (el 83% de las mercancías se mueven por este medio) y recurriendo al uso de la fuerza han bloqueado puestos fronterizos, colapsado el acceso a las ciudades, cortado carreteras nacionales, obligado al estacionamiento en las vías públicas de vehículos cargados con productos peligrosos, y están a punto de desabastecer a los grandes núcleos urbanos de productos básicos y, también, de estrangular la actividad industrial de numerosas empresas.Los problemas del transporte por carretera son graves, y en su resolución deben intervenir la Administración y el propio sector, incapaz -al parecer- de dotarse de unas reglas del juego aceptadas por todos. En cualquier caso, el método escogido por algunos de sus componentes para resolver los problemas es intolerable y merece la repulsa social más absoluta. Bajo ningún concepto puede admitirse que los ciudadanos se conviertan en víctimas propiciatorias de ninguna pugna de intereses, por justificada que ésta sea.

Uno de los puntos reivindicados por el sector es la elevación de las tarifas para amortiguar el impacto del fuerte incremento del gasóleo. Pues bien, las dos grandes asociaciones del transporte de mercancías ya han llegado a un acuerdo con la Administración en este sentido y no hay razón para que no se extienda a las pequeñas y al variopinto mundo de los transportistas autónomos, abanderados y artífices de los desmanes. En cuanto al resto de las reivindicaciones, fundamentalmente la jubilación y la declaración de porte -fórmula esencial para evitar la competencia desleal en un sector con fuertes raíces en la economía sumergida-, son aspectos recogidos en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), promulgada en 1987 con el objeto de reordenar el sector. Lo que debe hacerse es aplicarla sin más. Pero los problemas de fondo de un sector tan atomizado como el del transporte por carretera, en el que el 82% de las empresas que lo integran cuenta con un solo vehículo, sólo pueden resolverse mediante una fuerte reconversión que lo haga competitivo de cara al desafio del mercado común.

En este sentido, llama la atención la parsimonia con que tanto la Administración como los propios interesados afrontan el reto de la competitividad comunitaria, ya a la vuelta de la esquina, mientras persisten en unos métodos de organización y gestión que sitúan sus costes de explotación un 18% por encima de los de las empresas europeas. Es obvio que este desajuste debe ser reducido cuanto antes y que la Administración debe mostrar más diligencia en desarrollar la legislación vigente y en facilitar la ayuda necesaria para una reconversión del sector lo menos traumática posible. Los transportistas, todos ellos, deberían contribuir a este objetivo con otras iniciativas que las de la violencia y el chantaje a los ciudadanos. En estas circunstancias, el Gobierno está legitimado para echar mano de las medidas legales a su alcance para hacer frente a situaciones de emergencia. Y la que protagonizan desde el pasado fin de semana grupos de camioneros con sus actuaciones salvajes, poniendo en grave riesgo la circulación y el abastecimiento en las ciudades, podría ser una de ellas.