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Editorial:

Frío, frío

LA COEXISTENCIA de un menor ritmo de actividad con la ampliación de los desequilibrios básicos constituye la más clara manifestación del impacto que sobre la economía española tendrá la actual crisis energética. Los indicadores económicos correspondientes a septiembre apuntan ya en tsa dirección. El registro de una moderada tasa de crecimiento del 1,1% en el índice de precios al consumo (IPC) sitúa la correspondiente tasa interanual en el 6,5%, igual que en agosto, de donde será muy dificil descender en los próximos meses. La importante contribución al IPC del componente de energía, en el que se reflejan los aumentos en los precios de los carburantes, no ha impedido que la denominada inflación subyacente (excluida energía y alimentos sin elaborar) repitiera su tasa interanual, también del 6,5%. Menos favorable ha sido el otro indicador relativo al paro registrado: el aumento en 26.537 personas durante septiembre constituye el segundo incremento, situando la cifra total de parados en 2.330.372 personas, un 15,34% de la población activa.El mantenimiento de la inflación y el crecimiento del paro se incorporan a otros indicadores expresivos del más débil pulso de la economía (desaceleración de la inversión, descenso en las ventas de automóviles, aumento en el volumen de créditos morosos del sistema bancario), lo que induce a la cautela ante el horizonte al que se enfrentará la economía española en los próximos meses. La tasa de inflación y el déficit exterior serán, probablemente, más desfavorables que los contemplados por el Gobierno como fundamento del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Ante un cuadro tal, cabe preguntarse por la eficacia de las políticas macroeconómicas diseñadas por el Gobierno para un escenario que, en gran medida, ha quedado obsoleto antes de que se apliquen. La necesidad de reducir el carácter expansivo que la política presupuestaria ha tenido en los últimos años no encontrará en los Presupuestos para 1991 el grado suficiente de concreción. La beligerancia de la actual política monetaria, por el contrario, puede llegar a resultar excesiva, constituyéndose en el origen de graves distorsiones sobre la inversión. Ello debería obligar a su reconsideración ante la posible prolongación en el tiempo de esa combinación de menores tasas de crecimiento y ampliación de los desequilibrios.

El importante arsenal de medidas restrictivas instrumentadas por las autoridades monetarias para aminorar el fuerte incremento de la demanda interior puede llegar a revelarse contraproducente, a la vista de los síntomas de menor crecimiento de componentes relevantes de la citada demanda y de las desfavorables expectativas del comportamiento de la economía en los próximos meses. El mantenimiento del indiscriminado racionamiento crediticio y la penalización del endeudamiento exterior de las empresas puede deparar resultados cuyo efecto contrario -y consiguiente disuasión de las decisiones de inversión- apenas compense la eficacia decreciente de tales restricciones. La eliminación de esas limitaciones no ha de equivaler, en modo alguno, al abandono del celo antiinflacionista, ni siquiera a quelos tipos de interés experimenten reducciones espectaculares. Se trataría únicamente de definir la necesaria capacidad de acomodación de las terapias practicadas hasta ahora a un cuadro clínico bien distinto al de hace 15 meses.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de octubre de 1990