Los discutidos derechos del feto

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha visto esta semana el caso de una empresa acusada de ejercer discriminación sexual en su política de empleo. La empresa Johnson Controls Inc., fabricante de baterías para automóviles, argumenta que exigir a mujeres que optan a determinados puestos que se esterilicen tiene por objeto defender los derechos del feto. El caso ha levantado gran polémica en EE UU, donde se relaciona con los emergentes derechos del feto.

La empresa, situada en Milwaukee, requiere a las mujeres que quieran trabajar en algunos puestos bien pagados de la cadena de producción donde existe exposición al plomo que se esterilicen. Para ello, se basa en la preocupación moral de que los niños nacidos de estas mujeres puedan resultar dañados por la exposición al plomo y en la posibilidad de que estas mujeres reclamen daños en caso de que así suceda. El sindicato más potente del sector, United Auto Workers, ha demandado a la empresa, señalando que esta política de protección fetal es una forma ilegal de discriminación basada en el sexo. La ley, según los abogados del sindicato, impide a los patronos tener en cuenta la función reproductora para limitar el acceso a puestos de trabajo.El bienestar y el estatuto legal del feto son objeto de creciente interés en Estados Unidos, espoleado por los avances tecnológicos tales como la cirugía del feto dentro del útero y la posibilidad de verlo en ecografías. Pero este interés social entra en colisión con la autonomía personal de las mujeres, según algunos expertos, ya que la mujer debe ser libre de decidir los riesgos que está dispuesta a correr. "Estamos debatiendo otra vez la idea, muy antigua, de si las mujeres son meros contenedores fetales", afirma Wendy Chavkin, especialista en salud reproductora de la Universidad de Columbia. "El debate sobre el aborto es solamente una parte de lo mismo".

El caso se relaciona con la práctica de algunos médicos y hospitales de pedir autorización judicial para realizar cesáreas cuando la madre se niega, y con la persecución judicial de las mujeres embarazadas que consumen drogas y alcohol.

Las empresas y las propias leyes limitaban de forma tradicional el número de horas y los puestos de trabajo a que podían acceder las mujeres, pero la lucha por la igualdad entre los sexos dio lugar en Estados Unidos a la promulgación de leyes que prohíben todo tipo de discriminación. La más importante es la de 1964, en el título VII, y en 1978 entró en vigor la ilegalidad de la discriminación basada en el embarazo, el parto y los problemas médicos relacionados.

La denuncia del sindicato de trabajadores del automóvil fue rechazada en primera y segunda instancias y ahora ha llegado al Supremo. El sindicato argumenta que no están bien definidos los riesgos que corre una mujer expuesta al plomo si se queda embarazada y que si un área de la fábrica no es segura para los fetos tampoco lo es para los trabajadores. En segunda instancia, un tribunal federal dio por buenos los argumentos de la empresa Johnson Controls y aceptó que no es posible fabricar baterías de otra forma. Sin embargo, un juez del supremo, Frank Easterbrook, ha escrito: "No existe ningún principio legal o ético que obligue o permita a Johnson dar por sentado que las mujeres son menos capaces que los hombres de realizar decisiones inteligentes sobre el bienestar de la generación siguiente, que los intereses de la generación siguiente deban primar sobre los de las mujeres de la actual y que el único nivel aceptable de riesgo es cero".