El déficit de 1990 será del 3% a causa de autonomías y administraciones locales

Al finalizar 1990, el déficit total de¡ Estado y el conjunto de administraciones públicas alcanzará el 3% en términos de producto interior bruto (PIB). Esta nueva previsión es consecuencia de la contribución al déficit de los desajustes presupuestarios. de las instituciones territoriales -comunidades autónomas (CC AA) y administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones)-, que supondrá un 0,7% del PIB, según las cifras provisionales manejadas por Hacienda.

El nivel del déficit de las instituciones territoriales, que era inexistente en 1987, ha crecido hasta el 0,6% en 1989 y alcanzará e mencionado 0,7% al finaliza este año. En 1989, el déficit público global fue del 2,7% sobre el PIB, porcentaje que se desglosaba entre el 2,1% por parte del Estado y el resto distribuido entre el 0,41 % de las CC AA y el 0,2% de ayuntamientos y diputaciones. Estas últimas magnitudes duplican las de 1988, que para las admnistraciones locales fue. ron del 0, 11 % y para las autonomías del 0,26%.'La aceleración de los déficit) el endeudamiento creciente de las CC AA, aunque en ningún caso superan los límites estable cidos por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas indujeron al Ministerio de Hacienda a elaborar un documento divulgado el pasado mes de junio -Avance sobre la actuación económica de las administraciones públicas- en el que se recogía la evolución de estas cifras. A partir de estos datos, la Secretaría de Estado de Hacienda inició una campaña de persuasión basada en consultas con los responsables de finanzas de las CC AA y los ayuntamientos, que se han efectuado en los últimos meses, "con la idea de conseguir un escenario de mayor coordinación y menor discordancia entre las políticas presupuestarias de las distintas adminitraciones", señalan fuentes del ministerio.

Liquidación

Hasta este momento, se han celebrado tres reuniones, una en Oviedo y dos en Madrid, y en la última de ellas Hacienda pidió a las CC AA y administraciones locales un avance de la liquidación del presupuesto de este año. Como ha puesto de manifiesto el proyecto de Presupuestos Generales de 1991 remitido al Parlamento por el ministro Carlos Solchaga, las orientaciones del Gobierno en materia de política presupuestaria y fiscal se concretaban en Ia necesidad de fijar un crecimiento del gasto público contenido por debajo del PIB nominal, reducir el peso del déficit y mantener el nivel de inversión".Las previsiones iniciales manejadas por el Gobierno situaban el nivel de déficit de este año en el 2,1 %, que - posteriormente se modificó hasta el 2,7%. Este primer retoque a que se vio obligado el Ministerio de Economía y Hacienda se debe básicamente al pago de las devoluciones del impuesto sobre la renta (IRPF) que quedó aplazado el año pasado a causa del atraso sufrido en el plazo de declaración. El total desembolsado por este concepto -335.000 millones de pesetas corresponde al 0,7% del PIB. El retoque, que afecta a los ejercicios presupuestarios de 1989 y 1990, supone rebajar el déficit de caja del Estado (diferencia entre ingresos y gastos totales) del año pasado y aumentar el de este.

Según la evolución de las cifras manejadas por Hacienda, en 1988 (cuadro l), el Estado absorbía gran parte del déficit público y las administraciones territoriales experimentaron su primer gran crecimiento. En 1989, las administraciones centrales y la Seguridad Social redujeron su déficit en un 0,84% del PIB respecto del año anterior, mientras que las administraciones territoriales registraron un aumento de -su necesidad de financiación del 84,5%, lo que supone un incremento de un 0,2 del PIB para situarse en el 0,6% de dicha magnitud.

Pagarés forales

En 1989, la deuda del Estado descendió tanto -en términos absolutos como con relación al PIB, mientras que la de las administraciones locales se incrementaba, sobre todo por efecto del saldo vivo existente en pagarés forales emitidos por las diputaciones vascas y navarra, cifrado en 700.000 millones de pesetas. Entre 1988 y 1989 el incremento de la deuda global de las administraciones públicas fue del 1,1%, equivalente a un crecimiento del 1,7% en las haciendas territoriales y un descenso del 0,6% para las administraciones centrales.