Nuevo presupuesto
EN CUALQUIER democracia, los presupuestos del Estado disponen de una relevancia política y económica de primer orden en tanto que sintetiza las prioridades de los representantes de los electores y constituyen un elemento fundamental en la regulación de la actividad económica. En el caso de nuestros Presupuestos Generales del Estado correspondientes al próximo ejercicio de 1991 esa trascendencia es aún mayor, dado su inusual carácter restrictivo en un año en el que la economía reducirá significativamente su ritmo de crecimiento.Desde su llegada al poder, el Gobierno socialista ha practicado una política presupuestaria que, contando con incrementos crecientes en los ingresos -derivados tanto de una mayor imposición y de la lucha contra el fraude, como del elevado ritmo de actividad de la economía a partir de la segunda mitad de 1985-, ha mantenido igualmente un carácter expansivo en sus gastos. Esa política presupuestaria expansiva, en gran medida justificada por el déficit histórico de prestaciones sociales e infraestructuras ha acentuado progresivamente su contradicción con el carácter restrictivo asignado a la política monetaria, aislada en su pretensión por reducir los desequilibrios básicos -inflación y déficit exterior- que la economía española no ha dejado de exhibir en estos últimos años.
La heterodoxa combinación de políticas macroeconómicas y la menor atención relativa a las políticas estructurales, además de disminuir el ritmo de convergencia con las principales economías europeas apenas han reducido la vulnerabilidad de nuestra economía ante choques externos. El constituido por el reciente, y en modo alguno definitivo, incremento en el precio del barril del crudo del petróleo, además de agudizar las tensiones internas priva a la economía española del favorable entorno internacional en que se ha desenvuelto en estos últimos años.
En el nuevo contexto, las respuestas de política económica destinadas a rebajar el impacto del incremento en el precio del crudo sobre el nivel de precios y el déficit por cuenta corriente de nuestra economía, justifican la definitiva orientación restrictiva de la política presupuestaria. Los efectos de este tardío protagonismo que ahora otorgan las autoridades económicas a la política presupuestaria, sin modificación aparente en las restricciones monetarias y crediticias, serán más directamente visibles de lo que estima el Gobierno en el descenso del ritmo de actividad de nuestra economía en el próximo año.
1. El escenario macroeconómico
La primera exigencia de la política económica, más específicamente de la presupuestaria, es partir de un escenario económico verosímil, empeño hoy tanto más dificil cuanto mayor y más vinculante es la incertidumbre asociada al desarrollo del conflicto del golfo Pérsico. La trascendencia económica de la actual inestabilidad en la oferta de petróleo, y consecuentemente en su estructura de precios, ha invalidado el contexto en que se enmarcaba originalmente el proyecto de presupuestos, obligando a nuestras autoridades económicas a definir un nuevo escenario macroeconómico que no puede por menos que calificarse de voluntarista en algunas de sus hipótesis más relevantes.
Aun cuando es manifiesta la dificultad de cuantificar los efectos que la elevación de los precios del crudo tendrá sobre nuestra economía, la asunción de un precio medio del barril en 26 dólares para los últimos cinco meses de 1990 y de 24 dólares como media de 1991 contrasta con los 40 dólares en que se ha situado ese precio en los últimos días de esta semana. El impacto de precios, incluso inferiores a este último, sobre el crecimiento de la economía, sobre el nivel de precios y, más explícitamente, sobre nuestras cuentas exteriores será previsiblemente más adverso que el estimado por el Gobierno.
Los rasgos de la evolución macroeconómica que han caracterizado la reciente fase expansiva es dificil que se reproduzcan en el próximo año, y, en consecuencia, alcanzar una tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,9% (3,5% es el previsto para 1990) será un empeño dificil. A las nuevas circunstancias introducidas por el conflicto del Golfo hay que incorporar los recientes signos de desaceleración en el ritmo de crecimiento de algunos componentes de la demanda interna, especialmente en su componente de inversión, que indudablemente se verán agravados en los próximos meses.
La contribución negativa al crecimiento de la economía del sector exterior será lógicamente más intensa que en ejercicios anteriores, dada la importancia relativa de las importaciones de crudo, pero asumiendo también el previsible impacto que sobre las partidas compensadoras del déficit comercial va a tener un contexto internacional menos expansivo; el adicional deterioro en los ingresos por turismo constituiría a este respecto el exponente más representativo. El Gobierno estima que una vez alcanzado un déficit por cuenta corriente del 3,9% del PIB en 1991, la brecha entre importaciones y exportaciones irá estrechándose gradualmente.
Difícil será también avanzar en la convergencia de los niveles de precios con los países europeos más importantes, pero también en este aspecto el Gobierno parece preferir las buenas intenciones y la transmisión de disciplinarios mensajes a los agentes económicos al realismo de sus objetivos. Alcanzar el objetivo propuesto de 5% de inflación al final de 1991 exige, según el ministro de Economía, un crecimiento equivalente en las rentas salariales. La fatal premonición de que precisamente a partir de este umbral será el desempleo el regulador de las rentas anda tan sobrada de razonables cautelas como huérfana de apoyo empírico. 2. El ajuste presupuestario
Ese excesivo optimismo en la anticipación del escenario económico no puede extenderse a las posibilidades con las que cuenta el Gobierno a la hora de actuar sobre los ingresos y gastos públicos. El ajuste presupuestario encuentra serias restric'ciones en la propia estructura del gasto y en las dificultades para -en un contexto de menor crecimiento económico- incrementar significativamente la recaudación impositiva. Con todo, por primera vez desde 1983 el crecimiento nominal del gasto público, un 6,5%, será inferior al del conjunto de la economía, del 8,9%. El crecimiento de los ingresos públicos será un 1,5% superior al de la economía, confiándose en los impuestos directos, y más concretamente en la mayor recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), como principal generador de los mismos. Si gastos e ingresos alcanzan sus previsiones, el déficit público será de medio billón de pesetas, el 0,9% del PIB, porcentaje algo superior al inicialmente previsto.
Todos ellos, en definitiva, son propósitos razonables que no deben excluir los esfuerzos propuestos en la mejora de la gestión tributaria y del conjunto del sector público, hoy tanto más necesario cuanto más amplio ha de ser el concurso de la totalidad de los agentes económicos para afrontar ese necesario ajuste a unas condiciones de menor riqueza.
No es, en definitiva, un presupuesto para una economía de guerra, pero sí para un ajuste que ha devenido objetivamente en imprescindible. Reconocerlo es la primera condición para abordar sus consecuencias.
