Retraso de España en aplicar la directiva 'Seveso' de la CE sobre seguridad industrial

Pilar Brabo, directora general de Protección Civil, citó ayer "la confusión competencial entre las diferentes administraciones españolas y la falta de formación técnica específica de los funcionarios" como las causas principales del retraso de España en la aplicación de la directiva de la CE sobre los riesgos de accidentes graves en la industria, conocida como directiva Seveso, en la clausura de un seminario sobre este problema celebrado en la sede madrileña del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

Dicha directiva, que surge a partir de la catástrofe ocurrida en Seveso (Italia) el 10 de julio de 1976, obliga a los fabricantes a declarar a las autoridades competentes todas las actividades industriales que entrañen la producción, tratamiento o almacenamiento de 178 sustancias-peligrosas. La directiva Seveso rige en la CE desde junio 1982 y en España desde agosto de 1988.Pilar Brabo añadió que hasta el momento se han recibido "alrededor de 300 declaraciones simplificadas por parte de las industrias españolas, cuyo plazo de presentación venció en febrero de 1989". Las comunidades de las que se disponen más datos son Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Aragón. Esta cifra, que para la directora de Protección Civil supone "un grado de cumplimiento alto de la normativa", dada la novedad y complejidad del proceso, no indica el mismo número de industrias ya que algunas empresas han presentado varias declaraciones. El plazo para las declaraciones completas, "mucho más exhaustivas", según Pilar Brabo, terminó el mes pasado y no se dispondrá de datos hasta noviembre.

La directora de Protección Civil defendió la necesidad de "crear un cuerpo de inspección especializado que vigile el cumplimiento de la directiva, ya que la mayoría de los funcionarios de las diferentes administraciones españolas tienen formación económica o jurídica pero no química, y porque es el Estado y no las comunidades autónomas quien tiene que informar del mismo ante la CE". Asimismo, Pilar Brabo insistió en que la población debe ser informada sobre los riesgos de un posible accidente industrial.

Complejidad burocrática

A la dificultad de centralizar los datos recogidos por las 17 autonomías se añade "la complejidad de los trámites burocráticos y que la declaraciones no sean iguales en todas las comunidades", según afirmó Enrique de las Alas-Pumariño, directivo de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).

[Por otra parte, la Comisión Europea aprobará formalmente el próximo día 19 una propuesta sobre Instrumentos económicos y fiscales en la política de medio ambiente de la CE, redactada por el comisario europeo de esta materia, Carlo Ripa de Meana, informa Europa Press. Estas medidas pretenden "corregir los precios de mercado integrando los costos ecológicos". La propuesta será discutida en la reunión que los ministros de Medio Ambiente de la CE celebrarán en Roma los días 22 y 23 del presente mes.]