Críticas al tribunal supremo argentino por su fallo sobre las aerolíneas

Una decisión relámpago de la Corte Suprema de la Nación, que desbloqueó la privatización de Aerolíneas Argentinas y dejó vía libre para su adjudicación al consorcio encabezado por Iberia, pone en entredicho la independencia respecto al Gobierno del máximo tribunal argentino.

Tras el polémico fallo del pasado viernes de la Corte Suprema, sólo faltaba para la adjudicación la apertura del sobre con la oferta económica de Iberia y su consorcio por la propiedad del 85% de Aerolíneas, la empresa de viajes Optar y la compañía de Cutering. La apertura del sobre estaba prevista para las 18.00 de ayer en Buenos Aires [tras el cierre de esta edición].

Todo indicaba que la oferta de Ibería, a pesar de ser el único postor, rebasaría el mínimo fijado por el Gobierno: dos pagos de 118 millones de dólares [un total de 24.000 millones de pesetas] uno al contado y otro aplazado y 1.500 millones nominales en títulos de deuda externa argentina, que se cotiza en el mercado internacio, por debajo del 15% de su valor nominal.

La secuencia de acontecimientos de la tarde y noche del viernes sobre la privatización de Aerolíneas pusieron de manifiesto que el Gobierno no está dispuesto a que le pongan trabas a su política privatizadora, pero, dejó flotando en el ambiente un cierto tufo a chapuza jurídica, que pone en tela de juicio al más alto tribunal de la Nación, la Corte Suprema.

Al mediodía el Ministerio de Obras y Servicios Públicos anunció que admitía la propuesta de Iberia por Aerolíneas y que el sobre con la oferta económica se abriría el lunes. Dos horas más tarde un juez admitió el recurso de amparo contra la venta de Aerolíneas, que había presentado el diputado peronista de izquierda, Moisés Fontela.

La decisión judicial suponía de hecho la paralización de la privatización. A las 15.00 hora local el ministro del ramo, Roberto Dromi, apeló la decisión del juez ante la Corte Suprema. A las 17.40 la Corte Suprema dejó sin efecto la actuación del juez de rango inferior y autorizó al Gobierno para continuar la licitación.