La CE obliga a reducir un 22% de las plantillas en la minería del carbón

La minería española del carbón se verá obligada a reducir en 9.000 trabajadores sus plantillas -supone un 22%-, según la propuesta presentada por el gobierno español a la comisión europea. la reconversión de la minería fue asumida por españa hace meses a e ambio de que la CE convalidase las ayudas estatales a las empresas públicas y privadas del sector. Este nuevo reajuste se suma al impuesto en la construcción naval por idénticos motivos. el ministro de industria, claudio aranzadi, viaja el martes a bruselas para empezar a negociar el tema.La reconversión industrial amenaza con desatar un nuevo estallido de conflictividad laboral en la minería y en los astilleros, aunque en esta nueva fase el escudo para el Gobierno español es que el ajuste lo imponen las autoridades de Bruselas. De las pocas garantías que existen para un pacto asumido por los sindicatos es prueba de la discreción con que se llevan las negociaciones y las distintas propuestas.

El plan de reestructuración a aplicar en la minería del carbón, según fuentes de la Comisión Europea, "fue presentado verbalmente poco antes de que expirara el plazo límite fijado el 30 de junio". Fuentes de los servicios competentes de la CE insisten en que "todavía no han recibido ningún documento por escrito".

El ministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi, tiene programada una entrevista el próximo martes en Bruselas con el comisario Antonio Cardoso e Cunha, responsable de la política energética. La Comisión Europea autorizó hace meses a España las subvenciones para cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras a cambio de un plan de saneamiento que incluyera la reducción de plantillas y el cierre de pozos.

Según fuentes comunitarias, el plan avanzado por el Gobierno español prevé un recorte de 9.000 empleos, el 22% de las plantillas que hay en el sector. La mitad de ese reajuste correspondería a las empresas asturianas, esencialmente Hunosa, vinculadas al Estado a través de un contrato-programa.

El resto de la cirugía se aplicaría a las minas privadas favorecidas por los contratos a largo plazo de suministro de carbón a las compañías eléctricas, en los que está prevista la cobertura de sus pérdidas de explotación. La Comisión Europea impone un saneamiento basado en rentabilizar el sector, para lo cual es necesario reducir plantillas y cerrar pozos.

Ajuste en el naval

Ni fuentes de la Comisión Europea ni del Ministerio de Industria y Energía quisieron confirmar o desmentir si la visita del ministro Claudio Aranzadi será aprovechada para tratar el nuevo reajuste en el sector naval. El comisario europeo Leon Brittan, responsable de la Política de Competencia de la CE, se limitó a contestar que "la Comisión espera la respuesta del Gobierno". Industria no ha logrado un principio de acuerdo con los sindicatos sobre la contraoferta a presentar en Bruselas.

En este caso, la Administración española plantea a la CE una prórroga de las subvenciones a los astilleros públicos, así como la convalidación de las pérdidas previstas en el plan de reestructuración 1987-1990. Las compensaciones del Estado por este concepto ascienden a unos 120.000 millones de pesetas.

El problema en este caso es que el saneamiento del sector se pactó con las centrales sindicales con la condición de que se cerraría únicamente el astillero Euskalduna. La reconversión del naval, iniciada en el año 1984, significará que la plantilla global de 37.550 trabajadores se habrá reducido a 18.550 operarlos a fina de este año.

La Comisión Europea exigió a España el cierre de uno de os tres grandes astilleros públicos (La Naval de Sestao, Astano de Ferrol y Astilleros Españoles de Cádiz) a cambio de autorizar ayudas públicas para el saneamiento.

La contrapropuesta española es mantener las tres instalaciones, con vistas a una mayor demanda en el futuro, pero también "aceptar reducciones de empleo y de capacidad añadidas", según fuentes del Gobierno. Los topes y cifras están por negociar, aunque mientras la CE plantea un recorte del sector naval público en torno al 30%, Industria pretende situarlo muy por debajo del 20%.