Vacíar el mar con un cubo

LA DILACIÓN del Gobierno en pronunciarse sobre la extradición a Francia del presunto gal Georges Mendaille ha propiciado la inevitabilidad de su excarcelación. Con ello se obstaculiza la acción de la justicia y se pone en entredicho un principio considerado esencial por los Gobiernos en las relaciones entre Estados democráticos: el de la cooperación internacional contra el delito y, en especial, contra el terrorismo. Por añadidura, este improcedente desenlace viene como anillo al dedo a la hipótesis que apunta a la protección policial del presunto reclutador de mercenarios de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).Para encubrir los motivos de su actuación -ocultos seguramente en el pozo insondable de la llamada razón de Estado-, el Gobierno ha expuesto argumentos cada cual menos convincente y que dejan traslucir un hecho que debe ser profundamente negativo en las relaciones internacionales: el incumplimiento de los tratados; en este caso, el Convenio Europeo de Extradición, ratificado por España el 21 de abril de 1982 y por Francia el 31 de diciembre de 1985. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha recurrido a la regla de la reciprocidad para no entregar a Mendaille hasta que Francia no haga lo propio con el dirigente histórico de ETA Isidro Garalde, Mamarru. Pero este principio de típico mercadeo funciona sólo en la cooperación internacional no regulada por convenios o tratados. La reciprocidad llevada al límite impediría, por ejemplo, conseguir la extradición de la treintena de etarras pendientes de la decisión de la justicia francesa. Sólo cumpliendo los tratados en la parte que le atañe, España podrá exigir de Francia que haga lo propio.

El ministro de Justicia, Enrique Múgica, también terció en el asunto, pero, en lugar de aclararlo, lo embrolló todavía más. El titular de Justicia añadió dos nuevos argumentos: la dudosa aplicación del Convenio Europeo de Extradición y la diferente tipificación legal del delito de asociación ilícita entre los dos países. En cualquier caso, todo ello pertenece al ámbito de las cuestiones estrictamente legales, que ya han sido dilucidadas por la Audiencia Nacional hace ocho meses con la decisión de aprobar la extradición de Mendaille. Volver a ellas es contribuir a la ceremonia de la confusión. El que se propicie desde el Gobierno sólo puede redundar en perjuicio de la actuación de los tribunales, lo que debe evitar cualquier ministro, y más aún el responsable de Justicia.

En resumen: no existe ninguna explicación política racional y sensata que permita comprender el hecho de que un presunto terrorista quede en libertad, a la vez que se obstruye su entrega a un Estado que legítimamente lo reclama para juzgarlo. Tratar de compensar la inacción gubernamental, como hizo la ministra portavoz, Rosa Conde, con promesas de adoptar medidas de vigilancia policial que impidan la salida de Mendaille del territorio nacional es como querer vaciar el mar con un cubo.