A partir de mañana

Viene de la primera página

Una vieja mina de sal, sin explotar desde hace más de 50 años, es el lugar elegido para guardar los cerca de 100.000 millones de marcos (11 billones de pesetas) que dejarán de tener valor propio el próximo 1 de julio". Así comenzaba el reportaje referido a la nueva superpotencia europea que publicaba El País Semanal la pasada semana. La unidad económica y monetaria, la conferencia dos más cuatro, el debate sobre si la nueva Alemania debe pertenecer o no a la OTAN y la pugna entre socialdemócratas y conservadores (y en el seno de los primeros también) sobre el ritmo de las elecciones generales conjuntas pintan el cuadro del nacimiento de un Estado hegemónico en la zona y, como corolario, de una Europa de perfiles muy distintos a los que estaban en la mente de los estadistas hace apenas un año.

A esa Europa de rasgos tan imprecisos pertenecerá España, con todas sus consecuencias, a partir del año 1993. Hace 12 meses, nuestro país dio un paso adelante con la entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo (SME). El 16 de junio del pasado año, el presidente del Gobierno almorzaba en las afueras de Madrid con un grupo de banqueros y de hombres de negocios. En la sobremesa, con los mercados de cambios cerrados y un largo fin de semana por delante, Felipe González anunció, entre la estupefacción de los presentes: "Señores, acabamos de entrar en el SME".

A partir de ese día se iniciaba un voluntario y largo calvario de pérdida de soberanía de las autoridades económicas españolas en beneficio del ideal político de la Europa unida, que ha dejado de pertenecer al terreno de las utopías. Hay una privación radical de poder de los Estados individuales en cuanto a la dirección de los procesos económicos. El ex canciller federal alemán Helmut Schmidt ha escrito que, en nuestros días, con los instrumentos de la política nacional, incluso si pudiera disponer de ellos a su voluntad y sin atenerse a ningún tipo de obligación (es decir, gobernando con mayoría absoluta), un Ejecutivo sólo podría determinar el acontecer económico en un 30%; el 70% restante le viene dado por su entorno. Con el ingreso en el SME se estrechó aún más la autonomía española en la elección de herramientas para corregir los desequilibrios y se entró en una disciplina rígida en el mecanismo de tipos de cambios de las monedas, pivotando sobre el marco alemán.

Cuando Felipe González adelanta las elecciones generales al pasado mes de octubre, lo hace bajo el argumento de que es preciso adoptar medidas definitivas para encarar con éxito los efectos del Acta Única europea y preparar a la economía española para el impacto del mercado único interior y de la competencia intereuropea. Este adelanto fue interpretado como la antesala de un plan de ajuste duro, bajo el corsé del SME. Los hechos desbarataron está explicación, pero también ocultaron la urgencia de las medidas complementarias a la disciplina del SME. Los escándalos que han afectado a la vida pública en sus últimos nueve meses han retrasado la práctica de una política de complicidad de los partidos y los agentes sociales en relación a un hecho que afectará a la vida cotidiana de todos los ciudadanos de modo fundamental dentro de apenas dos años: la pertenencia a una Europa unida sin fronteras, con libre circulación de bienes, personas y capitales, en la que las reglas del juego y las costumbres sociológicas serán revolucionariamente distintas y en la que nuestro país no figurará entre los más fuertes.

Por ello es por lo que había que aprovechar el colchón de tiempo de esta legislatura para hacer las adaptaciones que permitan a empresas y trabajadores competir en las mejores condiciones posibles a partir del 1 de enero de 1993. Momento en el que se iniciará lo que se ha denominado el "segundo shock liberalizador". Estas circunstancias han rebrotado con fuerza en las últimas semanas, en las que se ha planteado la necesidad de consensuar un pacto de progreso a largo plazo. Quizá excesivamente nervioso ante el paso de los días sin lograr avances sustantivos, el ministro de Economía y Hacienda ha planteado la alternativa de una manera cruda: "Pacto social o plan de estabilización". En esta ocasión, el pacto social no tendría carácter instrumental, sino que formaría parte central de la política económica. El pacto social fue reclamado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su último informe sobre España predicaba: "Existe el riesgo de que el clima favorable con el que la actividad económica ha venido contando pudiera deteriorarse, afectando tanto a la inversión doméstica como extranjera y, por tanto, a la tasa de crecimiento de la economía, de forma que España se aproximase en 1992 en una posición precaria. "El entorno exterior podría ser también menos favorable, dada la mayor competencia que los acontecimientos de Europa del Este ejercerán sobre las exportaciones y la captación de inversiones extranjeras. Confiamos en que tanto las autoridades como los interlocutores sociales reconozcan estos hechos y que se pueda llegar entre todos ellos a un acuerdo sobre los pasos a tomar para mejorar la competitividad exterior de la economía, y poder mantener así un clima favorable para la inversión y la creación de empleo".

Hay que contemplar, pues, el pacto de progreso como una continuación lógica de la entrada en el Sistema Monetario Europeo. Para instrumentarlo, el Gobierno ha escogido dos foros complementarios: el Consejo Económico Social (CES), en el que de forma habitual discutirá el Ejecutivo con la patronal y los sindicatos, y la Comisión Mixta Congreso- Senado, en la que el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, explicó la pasada semana los contenidos de ese acuerdo posible, bajo la necesidad de adoptar una política económica que maximice el crecimiento sin poner en peligro los equilibrios internos y externos.

El pacto de progreso actuaría como instrumento antiinflacionista, intentando aumentar el poder adquisitivo real -no monetario- de los salarios reales, desacelerando los costes salariales unitarios. Se trata de repartir el incremento de la productividad real, ya que, según el ministro, las empresas españolas no necesitan incrementar más tiempo sus beneficios porque han alcanzado un nivel suficiente para garantizar la inversión. Solchaga ha dicho que "en la situación actual es factible que empresarios y sindicatos, dejando al lado la Ilusión monetaria, pacten un reparto de las ganancias de productividad real que asegure un crecimiento sostenido del poder de compra de los trabajadores y de la inversión productiva generadora de empleo". Básicamente, se trata de aumentar la competitividad externa sin tener que recortar sustancialmente el gasto público.

La alternativa al pacto de progreso es un nuevo plan de estabilización, que, por definición, supone una redistribución :negativa de la renta. Una estabilización económica es un mecanismo administrativo -por tanto, situado al margen del mercado- para recomponer los beneficios empresariales y, por tanto, hacer más regresiva la distribución de la renta. Cualquier interpretación distinta de ésta es un eufemismo.

Los intentos de concertación en los últimos tiempos han tenido como objetivo final este pacto de progreso. En unas recientes declaraciones lo ha dicho claramente el presidente del Gobierno: "Estamos haciendo un esfuerzo de negociación con los interlocutores sociales... Estamos proponiendo que continúe el debate que ya se ha iniciado en el Congreso de los Diputados sobre aspectos fundamentales de lo que es el proyecto político, económico y social para los españoles en los próximos años... Estamos haciendo un enorme esfuerzo de diálogo multidireccional sobre temas relacionados con el desafío de 1993".

Parece, pues, lógico que, despejada la incógnita de las elecciones andaluzas, el hilo conductor de la política en los próximos meses -salpicada de nuevas elecciones autonómicas o municipales y quizá con remodelaciones en la composición personal del Ejecutivo- esté en coherencia con el objetivo de adecuar las estructuras productivas a una mejor posición en relación con las europeas. Se trata de unir a España al pelotón de los países más fuertes de Europa evitando su adhesión al sur geopolítico de la zona. Si ello se logra mediante una cultura del pacto y no mediante una decisión administrativa ayudará de forma paralela a una mayor vertebración de la vida española, verdadero punto negro de la transición.